Publicado el: 17 Jul 2015

El ayuntamiento de Teverga suspenderá el proceso de adjudicación de las depuradoras

La alcaldesa muestra al pleno los dos informes contrarios a l adjudicación de las depuradoras

La alcaldesa muestra al pleno los dos informes contrarios a l adjudicación de las depuradoras

EL ANTERIOR EQUIPO DE GOBIERNO HABÍA PRESENTADO UN PLIEGO DE CONDICIONES  EN VARIOS LOTES, OBVIANDO DOS INFORMES QUE LO DESACONSEJABAN, LO QUE SUPUSO LA PARALIZACIÓN DEL TRÁMITE POR EL TRIBUNAL DE CONTRATOS

DESDE NOVIEMBRE EL AYUNTAMIENTO ESTÁ ENCARGANDO A AQUALIA MES A MES EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES, LO QUE SUPONE UN FRACCIONAMIENTO DE CONTRATOS QUE LA LEY CONSIDERA ILEGAL

EL EXALCALDE BELARMINO ÁLVAREZ DEFIENDE LA MEDIDA PORQUE “CADA DEPURADORA DE TEVERGA TIENE UNAS CARACTERÍSTICAS DIFERENTES”, MIENTRAS QUE IU CONSIDERA “SOSPECHOSO” ESTE PROCEDER, PESE A SU “CLARA ILEGALIDAD” Y EL PP PIDE UNA ACTUACIÓN URGENTE

Fernando Romero / Teverga

Pleno sorpresa hoy en el Ayuntamiento de Teverga, cuyo debate desveló la precaria situación en la que se encuentra el Consistorio respecto al mantenimiento de las depuradoras del concejo. El orden del día era un único punto, en una sesión extraordinaria, para aprobar una modificación de crédito, dado que los presupuestos siguen prorrogados. Pero al finalizar la sesión la alcaldesa, María Amor Álvarez, pidió a los concejales que votaran la urgencia de un nuevo pleno extraordinario sobre la situación legal y contractual de las depuradoras. Un pleno con mucho trasfondo político y técnico y del que salieron varias conclusiones. La primera y más inmediata: el ayuntamiento tiene que suspender y empezar de cero el proceso de adjudicación del mantenimiento de las depuradoras, paralizado cautelarmente por el Tribunal de Contratos por unos pliegos irregulares. La segunda: el anterior equipo de Gobierno del PSOE hizo caso omiso de dos informes oficiales que desaconsejaban realizar por lotes la adjudicación, lo que motivó su paralización. La tercera: como consecuencia de lo anterior, el ayuntamiento, está realizando desde noviembre contratos que podrían ser ilegales, ya que suponen un fraccionamiento prohibido por la legislación y que urge solucionar para evitar demandas. Un pleno además en el que había dos ausencias destacadas, la de la edil del PSOE Susana Fernández, (presentó el pasado jueves su renuncia como concejala por motivos laborales) y la del portavoz del PP, Antonio Capín, por enfermedad.

El primer pleno fue de trámite y muy rápido: una modificación de crédito por valor de 16.750 euros, obtenidos de remanentes de planes locales con la finalidad de crear dos partidas para retribuciones de altos cargos.  La propuesta disponía de informe favorable de los técnicos e incluso la secretaria le dijo a la alcaldesa que no era necesario aprobarlo en comisión o en pleno, aunque  Maria Amor Álvarez insistió en que se aprobara en sesión plenaria. Antes de votar, el concejal del PP, Ángel Lagar, preguntó si esta modificación iba a  a suponer recorte para algún empleado o incremento de tasas o impuestos, a lo que le contestaron que no. Finalmente se aprobó con un voto del PP y tres de IU, frente a los tres votos contrarios del PSOE.

Abrió el segundo pleno extraordinario  la alcaldesa explicando que, dado que el proceso de adjudicación del mantenimiento de las depuradoras esta paralizado cautelarmente por defecto de forma, se necesita firmar un contrato menor  por un importe de 10.000. euros con FCC Aqualia “para evitar que se paralice el servicio”. La regidora pidió al pleno que apoyara la ratificación de este contrato, ya firmado, para un periodo que va desde el 25 de junio hasta el 25 de julio.

El concejal del PP Ángel Lagar preguntó si este contrato menor era conforme a la legalidad e instó al equipo de Gobierno a resolver urgentemente el problema y a que se informe a la Junta de Saneamiento, al Estado y al Principado “porque no podemos seguir así”. Criticó además el coste del mantenimiento, superior a los 300.000 euros, que calificó de “elevadísimo”. A su juicio el problema se arrastra desde el 2014 y se agravó con el cierre de la Mancomunidad, “a la que se dió carpetazo sin tener un plan B”.

La alcaldesa insistió en que la situación es la que es por la “imprevisión” de su antecesor en el cargo y ahora “no hay otra solución que, o firmar ese contrato o paralizar las depuradoras, con lo que ello conlleva de sanciones por contaminación ambiental”. Pero además, destacó que la paralización del proceso “nos ha dejado desde noviembre con un fraccionamiento de contratos y ya se sabía desde entonces que era ilegal, pero no se hizo nada”.

Belarmino Álvarez, durante el pleno de hoy

Belarmino Álvarez, durante el pleno de hoy

Calidad del agua

El portavoz del PSOE y anterior alcalde, Belarmino Álvarez, recordó que no hay tal problema “porque las depuradoras están funcionando” y explicó que ellos iniciaron el proceso de adjudicación pero se alargó por temas jurídicos “y en ese intervalo hay que hacer contratos de ese tipo”. Por su parte su compañero de grupo Hipólito Rodríguez pidó que se exigiera a Aqualia el informe anual de la calidad del agua así como la valoración energética y los momentos del día en que hay más gasto para optimizarlo y saber si se han realizado mejoras tras las visitas a las instalaciones.

Rodríguez fue contestado por la alcaldesa, quien haciendo uso de la tópica frase “me alegro de que me haga esa pregunta”, despejó el balón a la bancada socialista: “De eso tiene que responder el anterior equipo de Gobierno. Solo tratamos de apagar un fuego  importante con el que nos encontramos al llegar al gobierno”. Insistió Hipólito Rodríguez en que se exijan esos informes antes de firmar ese contrato a lo que la alcaldesa le volvió a recordar que es lo que habían hecho mes a mes en el anterior mandato sus compañeros de filas. La secretaria recordó además que el contrato ya estaba firmado.

La intervención más afilada fue la del portavoz de IU Adrián Gayo, quien alertó a los presentes de que si la Sindicatura de Cuentas “ve todo esto nos puede poner en un problema y decirnos que estamos haciendo trato de favor a Aqualia y podemos ir todos para Villabona” Y se preguntó “¿pero es que nadie sabía de esta situación? Ahora estamos adjudicando de manera irregular a Aqualia. Así lo hizo el PSOE y no vale decir que la paralización del proceso es ajena al ayuntamiento porque el saneamiento es un servicio de competencia municipal y tenemos que arreglarlo nosotros, no esperar ni al Ministerio ni a nadie.”

Belarmino Álvarez le matizó a Gayo que su equipo de Gobierno “no hizo ningún contrato ilegal, ya que siempre teníamos el informe favorable de la secretaria. Probablemente ustedes tengan otro asesor jurídico que les diga otra cosa”.

Lagar (PP) no entiende que se presentaran unos pliegos de condiciones sin informes jurídicos y técnicos y pidió directamente al exalcalde que asumiera sus responsabilidades.

Tras el debate el pleno aprobó por unanimidad la ratificación del contrato con Aqualia para el mantenimiento provisional durante un mes de las depuradoras del concejo eliminando, a petición del PSOE, toda mención  a “contratos ilegales”.

Dos informes desconocidos

Sin embargo, el debate político de mayor calado llegó en el segundo punto del orden del día: “acuerdos a doptar”. Fue a partir de ese momento cuando la alcaldesa anunció la sorpresa: “en el pasado pleno del 9 de abril el entonces alcalde, Belarmino Álvarez, mintió y ocultó datos al pleno para poder tomar una decisión. Sabía que había dos informes desfavorables que desaconsejaban el proceso de adjudicación de las depuradoras”. María Amor Álvarez mostró al pleno dichos informes, uno firmado por el Director General de Administración Local, Ricardo Suárez, en el que recordaba al anterior alcalde que el fraccionamiento de contratos está prohibido por la Ley y otro de la Junta de Saneamiento en el que se decía que la licitación conjunta (la propuesta era por lotes) es más ventajosa para el Ayuntamiento.

“¿Que razones había para hacer la contratación fraccionada con el riesgo de perder la subvención de 370.000 euros?”, se preguntó la alcaldesa, que añadió: “¿Con cuantas sorpresas nos vamos a encontrar más?” Por eso, inmediatamente después, propuso solicitar una reunión urgente con la Junta de Saneamiento para evitar perder dicha subvención. Álvarez Ardura se dirigió al exalcalde para decirle que “de momento su actuación ya ha hecho perder a este ayuntamiento 1.300 euros y nos pone en riesgo ante otras empresas que puedan reclamar”.

La alcaldesa expuso la propuesta de su gobierno para ser sometida a votación: “pedir urgentemente al Tribunal de Recursos Contractuales la suspensión definitiva de este proceso para iniciar uno nuevo”.  Para ello solicitó al pleno que le facultara para solicitar esa suspensión e iniciar un nuevo proceso que ponga fin al fraccionamiento de contratos. En cualquier caso advirtió que llevaría también tiempo (al menos 50 días) aunque insistió en que a nivel legal es “la única opción posible”.

El portavoz del PSOE volvió a recordar que todas las actuaciones que hizo sobre este tema como alcalde “contaron siempre con los informes favorables de la secretaria” y volvió a justificar un contrato por lotes porque “las depuradoras de Teverga tienen condicones diferentes y se sacaban mejor individualizadas”. En un momento dado, la secretaria del pleno, ante la insistente mención a esos informes aclaró que no era ella a quien se refería Álvarez sino que “era otra”.

En primer término Ángel Lagar Patallo. A su derecha, Adrián Gayo y Juan José García

En primer término Ángel Lagar Patallo. A su derecha, Adrián Gayo y Juan José García

Lagar ( PP) preguntó a la alcaldesa y a la secretaria si, para ganar tiempo,  no se pueden corregir los pliegos actuales, a lo que la regidora le contestó negativamente “porque están suspendidos cautelarmente”. El concejal popular pidió entonces que en la redacción de los nuevos pliegos se fuera cuidadoso para evitar una situación similar. La alcaldesa le explicó que tenían un compromiso de la Junta de Saneamiento para supervisar todos los contratos para que no se alargue demasiado el proceso. Lagar exigió también que se pidieran  a Aqualia todos los informes que tienen obligación de presentar. En ese momento Hipólito Rodríguez (PSOE) contestó a Lagar diciéndole que no le consta que se haya hecho informe alguno por parte de la empresa. Se inicia entonces un animado coloquio en el que interviene Juan José García (IU) preguntando a los ediles del PSOE: “¿Entonces hay otra irregularidad más y no lo habían dicho?”

Salió también el tema de los elevados consumos eléctricos de algunas depuradoras, algo que en opinión de Hipólito Rodríguez se podría cambiar con esos informes en los que se habla de la posible regulación energética para optimizar rendimientos y evitar lo que la alcaldesa tildó de “consumo disparatado”. García, con conocimientos técnicos del asunto, explicó que el consumo mayor es el de las depuradoras con bombeo y aconsejó al  equipo de gobierno que no se queden solo con los informes de la empresa si no que hagan los suyos propios “porque la empresa no va a tirar piedras contra su propio tejado”

Finalmente el pleno votó a favor (cuatro votos de IU y PP frente a tres abstenciones del PSOE) de mandatar a la alcaldesa para que pida la suspensión del proceso de adjudicación del mantenimiento de las depuradoras al Tribunal de Contratos y presentar uno nuevo para evitar alargar aún más esta situación precaria.

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