Publicado el: 05 Oct 2016

Guerra por el acotamiento de pastos quemados

Asturias Ganadera y el PP denuncian que se estén aplicando sanciones cuando la Junta General se pronunció en contra de esta medida
El Principado dice que tiene que cumplir la Ley hasta que ésta se modifique y que no va a obligar a los funcionarios a delinquir

Uno de los recientes incendios (Foto de Agumnpa)

Uno de los incendios de hace un año

Redacción/ Santo Adriano

Los ganaderos, con el respaldo del PP, han declarado la guerra a la consejería de Desarrollo Rural por mantener los acotamientos de pastos quemados por incendios forestales pese a que la Junta General se manifestó contraria a los mismos. Por su parte desde el Principado denuncian que el PP pida que «se obligue a los funcionarios a delinquir incumpliendo la vigente Ley de Montes». Asturias Ganadera (AG), integrada en el sindicato Usaga, se opone a que el Gobierno regional siga imponiendo acotamientos y sus correspondientes sanciones a los ganaderos cuyas reses pastan en ellos. El portavoz de esta organización Xuan Valladares, dijo hoy en rueda de prensa que en septiembre se había producido un nuevo acotamiento en Teverga, a pesar de que en julio la Junta había pedido que se paralizara este proceso.

Entre los asistentes a la rueda de prensa se encontraba el ganadero José Ramón Peláez. que explicó que había recibido multas superiores a los 1.000 euros por entrar en una zona acotada. Asturias Ganadera ha pedido la dimisión de la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Álvarez y del director general de Política Forestal José Antonio Ferreras a los que calificaron de «incapaces». El problema de los acotamientos será tratado mañana en el pleno de la Junta General. En este sentido, el diputado del PP Luis Venta realizará una interpelación urgente.

Por su parte la reacción del Gobierno no se ha hecho esperar. En un comunicado difundido a primera hora de la tarde la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales ha dicho que «cumple y seguirá cumpliendo la legislación vigente, tanto la Ley de Montes y Ordenación Forestal del Principado de Asturias como todas las demás. Ante las declaraciones realizadas hoy por el diputado del PP Luis Venta Cueli y portavoces de la plataforma Asturias Ganadera, que piden que se deje de acotar terrenos tras los incendios, el Principado subraya que el cumplimiento de las normas no es una opción, sino una obligación exigible a todos, especialmente a los poderes públicos y sus servidores».

La Consejería advierte de que no va a obligar a los funcionarios «a que cometan un delito saltándose la ley vigente, algo incompatible con un Estado de derecho. Por tanto, la Ley de Montes se seguirá aplicando en su redacción actual», si bien matizan que también se aplicará la que, en su caso, resulte de la modificación que se está tramitando en la Junta General del Principado. El Parlamento ha admitido a trámite la iniciativa para modificar la norma, pero aún no ha sido debatida ni votada por los grupos parlamentarios en el pleno de la Cámara. Para la Consejería resulta «imposible, por ilegal», intervenir desde cualquier ámbito hasta entonces no se produzcan las modificaciones.

Desarrollo Rural recuerda que los acotamientos al pastoreo en zonas incendiadas se producen como consecuencia de la aplicación del artículo 66.2 de la vigente Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes  y Ordenación Forestal, que obliga al acotamiento de las superficies incendiadas por un periodo no inferior a un año para la recuperación de la vegetación afectada. El acotamiento, tal y como consta en la legislación vigente, «sólo busca regenerar la vegetación de la zona quemada, con el fin de evitar la pérdida y el empobrecimiento del suelo, cuestión que a medio plazo resulta beneficiosa para todos los colectivos que  viven y trabajan en el medio, incluidos los ganaderos, ya que es conveniente para que el pasto pueda regenerarse», señalan.  

 Añaden que esta medida «no tiene carácter punitivo, ni individual ni colectivamente. Los acotamientos no son expedientes administrativos sancionadores de carácter general ni implican estigmatizar o culpabilizar a colectivo alguno».

 

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