Publicado el: 26 Oct 2016

El Pleno rechaza que los concejales vigilen quién recibe ayudas sociales


Foro planteó crear una comisión política para fiscalizar los apoyos a familias sin recursos
IU y PSOE acusan a los casquistas de fomentar «el cotilleo» y criminalizar la pobreza

Intervención del portavoz del PP, ante la atenta escucha del alcalde

Pleno del Ayuntamiento de Grado

L. S. N./ Grado

El Pleno del Ayuntamiento de Grado rechazó ayer crear una comisión política para vigilar quién recibe ayudas sociales en Grado. La propuesta partió de la concejala de Foro, Patricia Álvarez, por «transparencia» y para poder tranquilizar a los vecinos que «preguntan» cómo, porqué y por cuánto tiempo se conceden ayudas de emergencia a las personas y familias desfavorecidas del concejo. La propuesta obtuvo una tibia acogida por parte del PP y un rotundo rechazo de IU y PSOE, que consideran que Foro «criminaliza» la pobreza y fomenta «el cotilleo». La petición de Álvarez se produjo a raíz de la aprobación de un nuevo reglamento que establece los requisitos económicos y la documentación que deben presentar las familias para obtener ayudas, una normativa que fue defendida por la concejala de Bienestar Social, Marta Pravia, que destacó que se basa en una propuesta de las técnicas de los servicios sociales, en base a su larga experiencia profesional. Pravia señaló que ya este año se aplicó una regulación objetiva de las ayudas de emergencia social, pero que con este paso el Ayuntamiento se dota de una normativa que da mayor seguridad jurídica a los solicitantes. «Esto no exime de atender condiciones extraordinarias, siempre que haya un informe justificado de las técnicas. No causará exclusión a una persona en riesgo, si el criterio de la técnica es que debe obtener la ayuda».

Para Patricia Álvarez (Foro) el reglamento presentado por IU, que también se aplicará en otros municipios de la comarca como Candamo, Las Regueras y Yernes y Tameza, es una norma «tipo, de carácter general, luego hay que concretar cada caso particular. Hay una cláusula que permite excepciones, que se puedan saltar los requisitos. Hay unidades familiares que pueden verse beneficiadas largo tiempo, y además se suman las ayudas, de emergencia social, de pobreza energética. Nos preocupa que unos reciban mucho y otros poco o nada, y que haya perceptores que estén ahí indefinidamente», de forma que se desincentive, dijo, «el esfuerzo» para salir de la situación. «Una cosa es un revés económico, que es cierto que puede durar años, y otra cosa que las ayudas se perpetúen. Hay un clamor en la calle y muchos vecinos preguntan», afirmó, por lo que propuso la creación de una comisión de seguimiento de las ayudas, integrada por las dos técnicos de servicios sociales, y por representantes de todos los grupos políticos «para analizar las solicitudes, cuántas llegan y en qué condiciones» se dan los apoyos económicos, «para despejar las dudas que nos encontramos en la calle».

Fue el portavoz del PSOE, Alfredo Varela, el primero que dio réplica a la propuesta casquista, asegurando que le produjo «tristeza» lo que consideró una «criminalización» de la pobreza. «Es propio de la derecha más rancia penalizar a los necesitados de ayuda. Desgraciadamente sí es cierto que hay esa inquietud en la calle, sobre todo en tiempos de crisis siempre surgen esas dudas, si se da demasiado, si el que recibe la ayuda no hace nada. Puedo entender que alguna parte de la sociedad los culpabilice, pero me parece lamentable que los representantes públicos criminalicen la pobreza. Es cierto que hay familias que no acaban de salir de situaciones de precariedad, y nuestra obligación es crear las condiciones y el tejido productivo para que puedan salir adelante», zanjó Varela.

El portavoz del PP, José Ramón González, no quiso meterse en jardines y ofreció un tibio apoyo a Patricia Álvarez, asegurando que «todo esfuerzo de transparencia» es positivo, aunque sin apoyar explícitamente la creación de la comisión política de control de las ayudas. González reivindicó que el apoyo a las familias en situación de necesidad «no es de derechas ni de izquierdas», y pidió que no se hiciera «demagogia».

La concejala Marta Pravia (IU) destacó por su parte que las ayudas sociales «no las damos los políticos, se otorgan según criterios técnicos objetivos», que los ciudadanos podrán consultar cuando se cuelgue en la web el nuevo reglamento, y que además los solicitantes depositan en el Ayuntamiento información muy íntima y sensible sobre su situación, y una comisión política podría vulnerar su intimidad. Una opinión que resumió el portavoz del PSOE. «No entiendo esa comisión. ¿Vendrán las técnicas y nos hablarán de la situación de Zutano o Mengano, y luego nosotros se lo decimos a los vecinos? Lo que se haría ahí sería cotillear».

Patricia Álvarez acusó a IU y PSOE de «retorcer» sus argumentos, negó que pretenda «criminalizar» a nadie y aseguró que sólo busca «más transparencia. ¿O es que hay partidos que tienen algo que ocultar?». Finalmente, el reglamento se aprobó con los votos de IU, PSOE y PP y la abstención de Foro Asturias, y la comisión política no salió adelante.

Carreño y el sueldo del Alcalde

El debate sobre si los políticos tienen derecho a controlar las decisiones concretas de las asistentes sociales fue el de mayor carga ideológica de un Pleno que, como es habitual, se prolongó durante horas, seguido por un grupo de pacientes vecinos. En cada debate, y aunque hubiera unanimidad de todos los partidos, dos temas se repitieron hasta la saciedad: la deuda de Carreño y el sueldo del alcalde, armas arrojadizas de IU y Foro, respectivamente, hasta el extremo de que el Alcalde, José Luis Trabanco, pidió disculpas a los asistentes por irse por las ramas. Para IU, la deuda con el constructor Carreño es una herencia que lastra el presupuesto e impide acometer obras necesarias, una interpretación que PP y Foro rechazan, ya que defienden que el caramelo envenenado estaba en el Plan General que data de la época de Sierra, a lo que Trabanco replica que fue la gestión del Plan (en concreto, el rechazo a otorgar una licencia de construcción) y no el Plan lo que llevó al Ayuntamiento a tener que pagar una deuda que compromete las cuentas mosconas. Y ahí es donde salta Patricia Álvarez para insistir en que si tan comprometidas estás las cuentas, qué hace el Alcalde cobrando 59.000 euros, y que no enseña las nóminas, a lo que Trabanco responde que están en la web y que, tal como prometió IU en su programa, cobra exactamente igual que en su anterior trabajo.

Con estos argumentos saliendo a relucir como un ruido de fondo durante toda la sesión plenaria, la Corporación moscona aprobó por unanimidad dos asuntos concretos. El primero, una resolución (a iniciativa del PP) para reclamar al Principado un plan de choque para controlar la población de lobos, que incluye organizar batidas, pero no declararla especie cinegética; dejar la carroña en el monte para que los animales no bajen; pagar antes los daños a los ganaderos y desarrollar con un reglamento el Plan del Lobo. La segunda propuesta que salió adelante por unanimidad (pero con intenso y en ocasiones agrio debate) afecta a la reparación de la carretera de San Pedro a Santa María de Villandas. Se trata de un trayecto de poco más de un kilómetro que no ha sido reparado desde hace décadas, tiene el firme muy deteriorado y tramos estrechos y peligrosos. José Luis Trabanco justificó que el Ayuntamiento pida la obra al Gobierno regional por la cuantía de la intervención, «ya que requiere algo más que echar una capa de rodadura, hay que modificar el trazado y la anchura en algunos tramos». Todos lo apoyaron, pero PP y Foro cuestionaron el criterio por el cuál el equipo de gobierno incluye en el presupuesto municipal unas obras y otras no. La oposición pidió además un «plan B» para el caso de que el Gobierno regional no acepte la petición de acometer las obras.

Uno de los asuntos que más polémica suscitó, y donde IU se quedó solo con su mayoría absoluta, afecta a las actas de los Plenos, que pasarán a publicarse en formato de audio, acompañadas de un índice minutado (para poder buscar en la grabación) y de un diario de sesiones con las intervenciones de los concejales resumidas. Los tres grupos de la oposición votaron que no a la propuesta, aunque con distinto grado de rechazo. La más contundente, la portavoz de Foro, que acusó a IU de implantar «una dictadura» y la «ley Mordaza» por la técnica de «aplicar el rodillo». Para José Ramón González (PP) no disponer de las actas detalladas por escrito dificulta la labor de control que debe ejercer la oposición, y tampoco facilita la consulta a los vecinos, una opinión que comparte Varela (PSOE), que habla de un «recorte» en el acceso a la información, no de «censura». Todos reclamaron que si se adopta el formato audiovisual, se implante el vídeo.

Para la portavoz de IU, Elsa Pérez, es «inexplicable que hablen de censura cuando estamos aprobando que se publiquen íntegramente las sesiones en audio, grabaciones en los que la gente va a poder oír, y volver a oír si quieren, todo lo que dices en los Plenos, Patricia, ya que la grabación se colgará íntegra, con un índice y el minuto en el que habla cada uno, y validada por la firma electrónica del secretario».

IU se quedó también sola al rechazar una moción de Foro para la creación de una línea de ayudas a los autónomos, un colectivo «muy maltratado» para el que Patricia Álvarez propone reservar 40.000 euros en 2017, para facilitar una línea de ayudas de 100 euros al mes, que puedan obtener los que se den de alta o los que demuestren insuficiencia de medios. PSOE y PP votaron a favor de la iniciativa, que no salió adelante por el rechazo de IU. Plácido Rodríguez argumentó que hay más colectivos de trabajadores precarios, «y no explica porqué para los autónomos sí y para los contratos basura no. NO sé porqué vamos a entregar el dinero público a un trabajador sí, y a otro no», a no ser, dijo, «que lo que usted quiere es que (metafóricamente) arreglen este camino, porque es el que pasa por delante de su casa». Rodríguez aseguró que IU tiene la prioridad de apoyar, sobre todo, al colectivo de desempleados.

Opinión: Una «checa» de las ayudas sociales

 

 

Comentarios:
  1. Pedrograo dice:

    Los moscones saben de sobra a que se dedican algunos de los que reciben esas «ayudas sociales»…Es evidente que hay mucha gente que las necesita, pero otros, que tienen «ingresos extra» por dedicarse a ciertas actividades, se están riendo de los ciudadanos de Grau en su cara. Así que no estaría de más que los moscones nos enterásemos de cuáles son esos criterios tan asépticos que emplean los Técnicos del Ayuntamiento (Técnicos que no son máquinas y que también votan y tienen preferencias políticas) para decidir quién merece esas ayuda y quién no. Por otro lado, saber en qué y en quién se gasta el dinero público, yo no lo definiría como «cotilleo» ni «criminalización», si no más bien como Justicia Social. ¿Es que los ciudadanos no tenemos derecho a fiscalizar el gasto público? Si la concesión de viviendas sociales, por poner un ejemplo, es de dominio público ¿porqué esto no? Por otro lado, no se porqué no me sorprende que IU esté en contra de los autónomos, negando el maltrato que sufre un día si y otro también este colectivo de trabajadores. Quizás es porque los miembros de la casta aristocrática de izquierdas que controla Grau están todos cómodamente pertrechados en sus puestos de trabajo públicos. Y respecto a lo de «arreglar caminos que pasan por delante de ciertas casas», creo que a alguno le ha traicionado el subconsciente (también metafóricamente hablando)

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