Publicado el: 01 Jun 2017

Terverga aprueba anular la compra del palacio de Valdecarzana

El secretario municipal, José Ángel Gayol, admite que si no prospera la decisión el Ayuntamiento entraría en «quiebra técnica»

El PSOE insiste en que hay una tasación del edificio de 1,4 millones de euros, que no aparece

Uno de los momentos de tensión entre el PSOE, con solo dos concejales en la sesión, y la alcaldesa, María Amor Álvarez Ardura

L. S. N./ Teverga

Tasaciones «fantasma», amenaza de quiebra técnica y un grupo municipal socialista a medias, con dos de sus asientos en el Pleno vacíos. Este es el ambiente que se vivió ayer en la sesión extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento de Teverga para intentar frenar la reclamación de un millón de euros que pesa sobre las arcas municipales por la compra del palacio de Valdecarzana. El Pleno aprobó por unanimidad anular la compra, porque cuando se aprobó la operación, en 2010, ya había caducado el convenio de fondos mineros con el que tenía que financiarse. El acuerdo, explicó el secretario municipal, José Ángel Gayol, se remitirá a los herederos de la propiedad para que puedan presentar alegaciones, y posteriormente se someterá el informe final al Consejo Consultivo, cuya decisión, advirtió el alto funcionario, «es vinculante». El Ayuntamiento inició así una estrategia jurídica para intentar salvar los muebles de una operación que podría costarle a Teverga la «quiebra técnica», según reconoció el secretario. «Estamos hablando de un millón de euros más los intereses, que podrían sumar otros 300.000 euros. Si a eso se suman los 600.000 euros de deuda que ya tiene el Ayuntamiento, superaríamos el máximo legal del 110 por ciento, sería la quiebra técnica», admitió, a preguntas del portavoz del PP, Antonio Capín. El secretario apuntó que el municipio tiene una estrategia alternativa para el caso de que no prospere la anulación de la compra iniciada ayer, aunque no quiso adelantarla para no entorpecer su desarrollo.

Además del embrollo jurídico, en el Pleno quedó claro que hay lío administrativo en la gestión de la conflictiva operación: falta al menos en el expediente un informe obligatorio del entonces secretario municipal sobre la compra, y no aparece una tasación que el Grupo municipal Socialista asegura que existe, que valora el palacete en 1,4 millones de euros. La única tasación que aparece, de Tinsa, fija un valor de 152.000 euros. La compra se hizo a través de una expropiación de mutuo acuerdo, por un precio de un millón de euros.

«Decidieron la compra cuando ya sabían que no iba a llegar el dinero. Cometieron una gravísima negligencia que nos ha llevado a una situación crítica, y cuando comenzaron a llegar reclamaciones, similares a la que hemos recibido ahora, el alcalde ahora inhabilitado no hizo nada por defender los intereses municipales. Aceptaron, no se sabe porqué, pagar un millón de euros por una propiedad tasada en 152.000, siete veces más que su valor, cuando el presupuesto municipal era de 1,4 millones. No sé si creían que estaban jugando al monopoly», criticó la alcaldesa, María Amor Álvarez Ardura.

A la sesión sólo asistieron dos de los cuatro concejales del PSOE, y fue Fernando García el encargado de defender la difícil posición socialista. García insistió en que la compra del palacio fue aprobada en su momento también por PP e IU, y cuestionó la tasación que consta en el expediente, asegurando que faltan papeles, porque le consta la existencia de otra, por un valor de 1,4 millones de euros, que cree que también realizó Tinsa. Pidió, para aclarar la cuestión, que se pida a Tinsa que facilite al Ayuntamiento los informes que pueda tener sobre la propiedad de Valdecarzana. Tanto IU como PP cuestionaron que pueda haber dos tasaciones tan dispares de la misma empresa, e incidieron en que si la valoración no tiene registro de entrada, que verifique que corresponde al momento en el que se fijó el precio, carece de validez. «De todas formas, esa segunda valoración sólo sirve para salvaros a vosotros, no aporta nada a la estrategia jurídica que necesitamos impulsar para defender los intereses de Teverga», insistió el concejal de Hacienda, Adrián Gayo, que afirmó que se trata de «una operación oscura», pero que «no es el momento de entrar en el debate político, hay que sacar adelante una decisión por unanimidad, para tener la máxima fuerza ante el Consejo Consultivo». Gayo detalló que el Principado informó formalmente el 20 de octubre de 2013 al Ayuntamiento de que no había justificado en plazo el proyecto de compra del palacio, por lo que podía perder el derecho a subvención, como así ocurrió, según una notificación del entonces consejero Graciano Torre que se recibió en octubre de 2014. «El PSOE sabía que Teverga tenía esta deuda oculta, concurrió a las elecciones dopado», resumió el concejal.

El portavoz del PP, Antonio Capín, insistió en que el expediente parece cuajado de irregularidades, desde la falta del informe del secretario a la justificación de porqué se decidió pagar un millón de euros, «siete veces más de lo tasado, y me tengo que remitir a la única tasación que consta». El edil declinó cualquier responsabilidad de su grupo sobre la operación, «como ustedes no asumen algunas de las decisiones que han llevado al ex alcalde Belarmino Álvarez Arias- a la inhabilitación» (afirmación que suscitó la indignación de Fernando García, que pidió respeto «para alguien que no está aquí y no se puede defender»), y aseguró que los entonces concejales del PP respaldaron la operación «porque no les dieron toda la información». Para Capín, es necesario saber «a dónde iba a ir ese dinero de más, 850.000 euros, que se aceptó pagar por encima de la valoración». «Han dejado un ayuntamiento en ruinas y una ruina de ayuntamiento», concluyó. Y al equipo de gobierno le pidió que «se ponga las pilas, porque su crédito se acaba».

El socialista Fernando García insistió en que la responsabilidad de anular el convenio de fondos mineros fue del Gobierno del PP, y su grupo se sumó a la anulación del acuerdo plenario.

En la sesión salió a relucir que el Ayuntamiento recibió ya en marzo la reclamación del millón de euros. «No entiendo porqué si lo sabía en marzo no comunicó la situación hasta ahora», criticó el concejal del PP Ángel Lagar Patallo. «Un asunto de este calado requiere prudencia, contención. Era fácil buscar un titular, pero nosotros buscamos efectividad, resolver el problema», argumentó la alcaldesa.

 

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