Publicado el: 04 Jul 2017

El Principado regulará la venta directa de productores locales

La nueva ley de Calidad Alimentaria crea la figura del “artesano alimentario” y un registro de vendedores y productores para favorecer el mercado local

La norma ha recibido medio centenar de alegaciones, que se estudiarán “a la búsqueda del máximo consenso”

Redacción/Grado

La tramitación de la nueva ley de Calidad Alimentaria, en la que el Gobierno regional lleva trabajando con el sector más de un año, entra en su recta final, tras cerrarse el plazo de alegaciones el pasado 30 de junio. La normativa, que entre otros aspectos fortalece y regula la venta directa de pequeños productores para favorecer los mercados locales, ha recibido 50 escritos de alegación que responden a tres modelos distintos.

“Del sector. y dentro del conjunto de entidades e instituciones a las que formalmente se remitió  el borrador de norma, se han recibido un escrito con sugerencias por parte del Consejo Asturiano para la Producción Ecológica (COPAE). Esta entidad ha  sugerido algunas precisiones respecto de la posición de la autoridad de control en relación con la agricultura ecológica. Se ha recibido también un escrito de sugerencias de ASAJA-Asturias proponiendo algunas matizaciones relacionadas con la determinación de la representatividad de las organizaciones de producciones agrarias en el Consejo Agrario del Principado de Asturias”, señala la consejería de Desarrollo Rural, que también ja recibido 48 escritos “idénticos todos ellos, de diversas personas y colectivos ligados a la actividad agraria de proximidad. En ellas hay propuestas y sugerencias para mejorar la defensa que de este ámbito de producción se realiza en la norma”.

La consejería asegura que “todas las alegaciones serán objeto de estudio y análisis, incorporándose las  cuestiones que resulten adecuadas, en el ánimo siempre de que la ley responda a una visión global e integradora del sector agroalimentario asturiano en donde todos los sectores, instituciones, colectivos y eslabones de la cadena de producción y consumo se sientan implicados”.

Entre los objetivos de la ley está la transposición a la normativa regional de directivas de la UE, y contribuir a mejorar la seguridad alimentaria a la vez que se fortalece el sector primario, según defiende la consejería.

“Entre otros asuntos, el texto obliga a refundar los consejos reguladores de las marcas de calidad diferenciada así como el consejo de la producción ecológica, en el marco de la nueva normativa reguladora establecida por la Unión Europea. Se mantiene el control público de las marcas de calidad diferenciada y, en este nuevo marco, los consejos Reguladores y el Consejo de Producción Ecológica están llamados a transformarse en corporaciones de derecho público, es decir, entes autónomos externos a la administración, a los que ésta, en tanto administración competente tutelar, delega funciones como ocurre  en el caso de los consejos reguladores o confiere las mismas, como es  el caso de los consejos de producción ecológica reconocidos como autoridad de control. Se trata de una transformación que requerirá su tiempo, y para la que la norma incorpora los debidos plazos y escenarios de adecuación progresiva. sin merma de las funciones que actualmente estas instituciones prestan”, detalla Desarrollo Rural.

La ley crea la figura del artesano alimentario, “con el fin de apoyar a los pequeños productores locales, y regula la venta directa. Establece el registro de productores y vendedores de venta directa, consolida instrumentos para la defensa del consumidor en el ámbito del control de la trazabilidad a lo largo de la cadena productiva, se apoya en el sistema de autocontrol como escenario ordinario de gestión, evitando con ello un exceso de carga burocrática y apostando por la simplificación administrativa. Determina el alcance del control oficial, y el papel de los diferentes actores en el proceso y, finalmente, y como no puede ser de otra forma aunque la norma carece de vocación coercitiva, establece el correspondiente régimen de inspección”.

Los responsables de la nueva regulación destacan la intención de buscar el máximo consenso. “Antes de sacarla a información pública, el texto fue ampliamente consensuado con el sector a lo largo de un proceso de redacción prácticamente compartido que se ha prolongado a lo largo de un año. a la búsqueda del máximo consenso y la mayor integración de opiniones y orientaciones”.

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