Publicado el: 09 Oct 2017

El Partido Animalista pide al TSJA que paralice la caza de lobos

El alto tribunal ha admitido a trámite el recurso de PACMA contra la autorización regional de batidas contra la especie protegida

Protesta en la primera batida celebrada en Candamo, el domingo

Redacción/Grado

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Asturias ha admitido a trámite el recurso contencioso Administrativo presentado por el Partido Animalista (PACMA), contra la autorización por parte del Principado de batidas contra el lobo. PACMA ha solicitado al alto tribunal asturiano la paralización cautelar de todas las batidas, hasta que se resuelva la legalidad o ilegalidad de la iniciativa regional. En un comunicado difundido hoy, PACMA exige  al Gobierno regional que actúe “con cordura y responsabilidad paralizando las batidas de forma preventiva hasta que el Tribunal no se pronuncie”.

También reclaman que se les facilite “toda la información de supuestos daños por lobo y la gestión que viene realizando la Administración para comprobar la veracidad de los mismos, así como la existencia o no de medidas de prevención” de daños al ganado, “para las que se han concedido cuantiosas ayudas y subvenciones públicas”.

“El Partido Animalista trabaja intensamente para detener por la vía legal la caza indiscriminada de lobos en el Principado de Asturias. Lamentamos profundamente que Javier Fernández (PSOE), presidente de Asturias, haya decidido posicionarse del lado del lobby de ganaderos y cazadores, que llevan años organizándose para perseguir al lobo ibérico”, señala la formación, que considera que la resolución que autoriza las batidas “contraviene la Directiva Europea de Hábitats, que cataloga al lobo como Especie de Interés Comunitario. El lobo ibérico debe ser protegido y, aunque es cierto que al norte del río Duero la Directiva contempla la posibilidad de su gestión, desde PACMA se viene advirtiendo a todas las Comunidades Autónomas que gestión no es sinónimo de caza, pero parecen no entenderlo. Por el contrario, las Administraciones fuera de procurar una correcta gestión de la especie, deciden incumplir arbitrariamente normativa comunitaria en perjuicio de una especie protegida en todo el territorio nacional”.

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