La Agencia Tributaria detectó 45 construcciones «pirata» en Proaza

La regularización catastral ha culminado en la mayor parte de los concejos de la comarca, salvo en Quirós y Grado, y ha dado oxígeno a las arcas municipales

Proaza, uno de los concejos de la comarca del Camín Real de la Mesa que ya culminó la regularización catastral

LVT / Grado
Las arcas municipales comienzan a notar los efectos de la regularización catastral, un procedimiento puesto en marcha por la Agencia Tributaria en plena crisis económica para mejorar la financiación local rastreando construcciones “pirata”: nuevas edificaciones, ampliaciones de vivienda no declaradas o construcciones auxiliares, como piscinas.
El proceso afectó a todos los municipios, pero cada uno lleva su ritmo. En Proaza, donde culminó en julio del año pasado, se localizaron 45 construcciones «pirata», que no estaban dadas de alta. En Grado y en Quirós está aún en fase de inspección, y no termina hasta julio del año que viene. En otros concejos, como en Teverga, donde la regularización se hizo antes por petición del anterior equipo de gobierno, ya el año pasado se notaron los efectos, con unos ingresos extraordinarios de 106.000 euros, por atrasos. Este año, ha supuesto para las arcas locales unos ingresos de 90.000 euros más de lo previsto, que se destinarán íntegramente a inversiones. En Teverga, afloraron 428 inmuebles, un 35 por ciento nuevas construcciones, un 37 por ciento, ampliaciones y rehabilitaciones, y el resto, reformas y cambios de uso.
En Candamo, la inspección del Catastro localizó unas 300 construcciones que no estaban dadas de alta. Antes de las inspecciones para aflorar viviendas y construcciones irregulares, el padrón del IBI de Candamo ascendía a 116.000 euros. Tras la regularización catastral, el padrón del IBI urbana asciende a 215.000 euros. Por atrasos, el Ayuntamiento recaudará unos 240.000 euros, que ya han sido cobrados por el servicio de recaudación del Principado, según los datos que maneja el Ayuntamiento. Ante esta situación, el equipo de gobierno ha decidido congelar el IBI para 2018, y estudia aprobar una reducción del tipo impositivo para 2019, “en base a la recaudación efectiva” de la campaña de IBI de 2017 y 2018.
En Las Regueras el Pleno aprobó una rebaja del 5 por ciento del Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza urbana, de forma que el tipo impositivo pasará a situarse en el 0,80 por ciento del valor catastral del inmueble. Según la alcaldesa, Maribel Méndez (PSOE), la regularización catastral “ha supuesto un aumento de casi el 50 por ciento” del padrón del IBI, que pasó de sumar 145.420 euros en 2016, a 214.087 euros para este año, con un incremento de 68.667 euros. “Decidimos aplicar esta rebaja y en los próximos años, a la vista de cómo quede todo, iremos ajustando el IBI”, aseguró Méndez. El Ayuntamiento aún no tiene un cálculo de cuántos ingresos obtendrá por los atrasos de los inmuebles regularizados. En Somiedo, se ha aprobado un ajuste de un 10 por ciento del IBI, tras aflorar 300 construcciones no declaradas, un diez por ciento del total de los inmuebles somedanos.
En Yernes y Tameza, el Catastro detectó 65 inmuebles que estaban sin declarar, lo que le supone a las arcas municipales unos 17.000 euros, una cantidad no menor para un concejo pequeño. En Santo Adriano, en IBI urbana se registró un aumento de 4.500 euros y en rústica, de 1.500 euros. Los aumentos se debieron a la regularización de construcciones, más que a inmuebles de nueva planta, según señala el alcalde, Jesús Muñiz.
En Salas, la regularización sacó a flote 376 construcciones no declaradas, todas de naturaleza urbana y una inmensa mayoría (más del 70 por ciento) de nueva planta, algo poco usual. En un 2,12 por ciento de los casos, se localizaron piscinas sin declarar. En Illas, fueron 147 inmuebles los regularizados, un 28 por ciento de nueva construcción. Un rastreo doloroso para el contribuyente, pero que hace justicia a los que sí pagan.