Publicado el: 01 May 2018

REE pleitea con los ayuntamientos para retrasar el pago de tasas

El recurso de la compañía contra las nuevas ordenanzas que gravan el uso del dominio público de los concejos por las líneas de alta tensión paralizan importantes ingresos que, en el caso de Salas o Grado están cercanos al millón de euros

Torre de alta tensión

 

F. Romero / Grado

El operador del sistema eléctrico REE ha planteado una estrategia jurídica para retrasar y evitar el pago de tasas por el uso del dominio público en los concejos de la comarca que paralizaría importantes ingresos para los ayuntamientos. La compañía ha recurrido las ordenanzas fiscales de algunos ayuntamientos, como Grado, Salas o Belmonte de Miranda, que las habían redactado siguiendo un modelo propuesto por la Federación Asturiana de Concejos. En los tres ayuntamientos citados REE ha recurrido, aunque la respuesta ha sido diferente en los municipios afectados.

Así, Grado y Belmonte de Miranda, asesorados por sus equipos técnicos y externos, han decidido reelaborar la ordenanza haciéndola más detallada y concretando más aquellas zonas por las que pasa la línea eléctrica mencionando el tipo de suelo (urbano, bosques, etc) y evitando así las lagunas que pueden hacer prosperar los recursos de REE. Grado ha convocado para mañana un pleno extraordinario para anular la ordenanza fiscal y elaborar una nueva que tenga en cuenta la jurisprudencia al respecto del Tribunal Supremo. La alcaldesa de Belmonte de Miranda Rosa Rodríguez explica que están estudiando lo que van a hacer «hablamos con el alcalde de Grado porque ellos lo van a hacer. Si la conclusión es que hay más garantías de ganar el recurso adaptándola lo haremos», explica. La paralización de esta ordenanza fiscal le supondrá al Ayuntamiento de Grado dejar de percibir «miles de euros», señalaron desde el equipo de Gobierno que no supieron concretar con exactitud la cantidad.

Por su parte el Ayuntamiento de Salas ha decidido contestar al recurso de REE y seguir con el pleito. Señalan desde el equipo de Gobierno que las sentencias que se han publicado hasta la fecha «han resultado favorables para los ayuntamientos». La cuestión es importante para este Ayuntamiento ya que espera recaudar por este tributo unos 800.000 euros «una parte importante de los ingresos previstos en los presupuestos de 2018», señalan.

En el caso de Grado, dada la, a su juicio, ineficacia de la propuesta de la FACC, se decidió pedir un informe externo, tanto técnico como jurídico en el bufete de abogados Gonzalo Abogados, especializado en este tipo de recursos. El pleno de Grado aprobó el pasado 14 de agosto la ordenanza que mañana se anulará y que implicaba una tasa de ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de dominio público local por redes de transporte de la energía eléctrica. Dicho acuerdo fue impugnado en el Contencioso Administrativo por REE y el Ayuntamiento tenía ahora que contestar a la demanda, algo que no va a hacer, dado que el acuerdo anulará mañana la ordenanza objeto del litigio.

 

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