Rey defiende su inocencia y culpa a un aparejador municipal fallecido
El exalcalde de Grado (PP) acudió hoy al Juzgado de lo Penal como acusado de prevaricación por no cumplir una orden municipal de retirada de una portilla mientras era el máximo responsable del Ayuntamiento
Antonio Rey (dcha.) llegando hoy al juzgado/ I. Rimada
Rafa Balbuena/ Oviedo
El juicio contra Antonio Rey, ex alcalde de Grado (PP) acusado de prevaricación por no acatar una orden municipal (siendo regidor) de retirar la portilla de un vecino que cierra un camino público en La Carbayeda desde hace 24 años, ha quedado hoy visto para sentencia. La vista oral tuvo lugar esta mañana en el juzgado de lo Penal nº1 de Oviedo, donde tanto el ex regidor como el ministerio fiscal y la acusación particular se han ratificado en sus posturas, solicitando estos para el exalcalde 9 años de inhabilitación, mientras que su defensa pide la libre absolución.
Rey, que fue alcalde entre 2007 y 2015, recibió a los medios a las puertas del juzgado indicando que estaba “más tranquilo que la una” y que solo haría declaraciones “ante el juez”, despidiéndose irónicamente de los periodistas con un “voy a ver si coloco la portilla bien”. Ya en la sala, insistió en su inocencia, indicando que “como alcalde solo intenté solucionar un problema satisfaciendo a todos los afectados” pero sin aclarar, tras ser preguntado por la fiscal hasta en cinco ocasiones, por qué no ejecutó las providencias por él mismo firmadas que obligaban a la retirada de la citada portilla, colocada por un particular y que, además, obstruye el acceso a la vivienda de otra familia. Rey señaló que se limitaba a firmar los expedientes que recibía en su despacho, “que algunos días eran más de 300”, aduciendo que “no podía examinarlos todos” y que confió “en los informes técnicos y en la concejalía de Urbanismo”. Durante la vista se probó que Urbanismo no tenía capacidad delegada por el alcalde en este asunto, y tanto Rey como su defensa culparon de la inmovilización del expediente al aparejador municipal César Miranda, fallecido en 2016.
Por su parte, los hermanos Pablo y Alfonso Fernández, como parte afectada, indicaron que el cierre impide desde 1994 “el paso de toda la vida a nuestra casa familiar”, inmueble que según Alfonso, “tuvimos que abandonar por estar inaccesible” ya que su madre, propietaria del mismo “es octogenaria y no puede acceder por la única vía posible, que es casi un camino de cabras y con un terraplén de tres metros que hay que saltar”. En este sentido, aludieron a los “innumerables” escritos de denuncia planteados ante el Ayuntamiento (un total de 11) y que el primero de los hermanos acudió repetidamente a pedir explicaciones al alcalde, obteniendo solamente de él “buenas palabras y ningún resultado”.
El abogado de la acusación señaló que la orden de retirada de la portilla “estaba firmada el 7 de mayo de 2010, y no por casualidad el alcalde convoca a una reunión vecinal en La Carbayeda el día 20 de ese mes” destinada a lograr una permuta de terrenos para cambiar el trazado del camino, “que no se llega a efectuar”, ya que tras la reunión “la parte interesada en la portilla (Enedina Álvarez, también fallecida) no pudo probar la propiedad del terreno”. El resto de testificales confirmaron la paralización de la retirada en virtud de “órdenes contradictorias” y la defensa y testigos del alcalde adujeron en que Rey “quiso solucionar un problema que los alcaldes anteriores habían dejado de lado”. En sus conclusiones, la fiscal señaló que “no hubo beneficio común alguno, en todo caso quien tendría algún beneficio sería Enedina”, deduciendo que “el alcalde, a sabiendas, no ejecutó la orden que procedía, y eso, no otra cosa, es lo que significa prevaricar”. La sentencia se hará pública en próximos días.
