Los ganaderos asturianos exigen en Madrid más control sobre la fauna salvaje

MILES DE CAMPESINOS DE TODA ESPAÑA SE MANIFIESTAN PIDIENDO PRECIOS POR ENCIMA DE COSTES

Miles de agricultores y ganaderos salieron ayer a la calle en Madrid, ante la sede del Ministerio. Manuel Suárez, Coordinador Regional de USAGA expuso los problemas por los que están pasando los ganaderos asturianos similares a los de otras comunidades. Entre ellos habló de los daños por fauna salvaje, los problemas con los saneamientos ganaderos y la falta de desbroces y quemas controladas que va a hacer que este año se pierda superficie justificable para la PAC por la aplicación de un nuevo CAP. También recordó los problemas del sector lácteo, la necesidad de unos precios al ganadero por encima de los costes de producción, y que la administración «no permita que la industria pacte precios, como ha ocurrido recientemente, para beneficiarse a costa del sacrificio de los ganaderos». En los últimos meses los precios se sitúa en un 8% más bajo, «bajada injustificada a la que hay que añadir la incertidumbre del sector ante la desaparición de cuotas que anticipa una nueva caída de precios». Este hundimiento de precios -explican-  «no se ha trasladado al consumidor, en la cadena alimentaria falla algo».

José Manuel De las Heras ha recordado la denuncia interpuesta por la organización ante la Comisión Europea contra la aplicación estatal de la nueva Política Agraria Común (PAC) por el incumplimiento de la normativa de la Unión Europea (UE) en los reales decretos que regulan, a partir de este 2015, la aplicación de la nueva PAC, así como, por el presunto reiterado pago indebido en los últimos años a personas físicas y jurídicas que no reunían las condiciones para ser beneficiarios de las ayudas directas de la PAC, al no ser agricultores ni ganaderos. Esta vulneración de la figura de “agricultor activo, más el pago durante los últimos años a beneficiarios que no son agricultores, y por lo tanto no deberían haberlo recibido, tendrá como consecuencia según las estimaciones de la Unión, un recorte del 15% del valor de los derechos de pago único, equivalente a unos 731,5 millones de euros.