El pasado 9 de julio el Tribunal Administrativo de Recursos contractuales emitió dos resoluciones desestimando e inadmitiendo todos los recursos contra las depuradoras de Teverga y levantando la suspensión cautelar.
En un comunicado difundido por la Agrupación Socialista de Teverga se recoge que el proceso de licitación de las depuradoras de Teverga fue recurrido por cuatro empresas por la subrogación de trabajadores y una de ellas también por el hecho de sacarlo por lotes. También solicitaban la suspensión cautelar. «Pues bien, según nos informa el propio Tribunal, el Ayuntamiento recibió las resoluciones por correo electrónico el 22/7/2015, y aunque solicitamos copia, no tenemos respuesta por ahora ,en lo que ya es una práctica habitual del nuevo bipartito, negarnos el acceso a la información. No obstante, por suerte, las resoluciones son públicas y están colgadas en la web del Ministerio», explican en dicho comunicado.
El PSOE de Teverga acusa «al bipartito IUPP» de «lanzar graves acusaciones de ilegalidad en la licitación de las depuradoras e intentar anular nuestra labor de oposición negándonos el derecho de acceso a la información que nos otorga la ley.»
Respecto al pleno extraordinario del pasado día 17 de julio con un único orden del día «crédito extraordinario por transferencia de crédito», el PSOE «confirma sus sospechas» de que «tanta urgencia solo podía ser el sueldo de la alcaldesa, y el dinero se sacó de planes de empleo, simple cuestión de prioridades». Lo que aprobó realmente el pleno fue una modificación de crédito por valor de 16.750 euros obtenidos de remanentes de planes locales, según informó la secretaria durante la sesión.
El citado pleno acordó suspender y empezar de cero el proceso de adjudicación del mantenimiento de las depuradoras, que, según el equipo de Gobierno (IU), estaba paralizado cautelarmente por el Tribunal de Contratos por unos pliegos irregulares. La alcaldesa María Amor Álvarez acusó al anterior equipo de Gobierno del PSOE de hacer caso omiso de dos informes oficiales que desaconsejaban realizar por lotes la adjudicación, lo que motivó su paralización. La citada paralización cautelar, que el PSOE dice ahora que se ha levantado, obliga al ayuntamiento a realizar desde noviembre contratos que podrían ser ilegales, ya que suponen un fraccionamiento prohibido por la legislación y que urge solucionar para evitar demandas.
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