Imagen aérea de Google en la zona de la promoción urbanística del contencioso
El alcalde de Grado José Luis Trabanco (IU) asegura que la sentencia que obliga al Ayuntamiento a pagar a un constructor cerca de 600.000 euros por una gestión del equipo de gobierno de PP-AIGRAS en el mandato 2007-2011 «nos deja al borde del abismo económico». El secretario municipal dio cuenta en el último pleno de una sentencia que había perdido el consistorio moscón que obliga al Ayuntamiento a pagar 554.000 euros a Construcciones Carreño en un plazo de tres meses. Trabanco dice que la sentencia podría ser firme la semana que viene «y supondrá un desembolso de más de 600.000 euros». Esta indemnización limitará la capacidad inversora del actual equipo de Gobierno. «Ya lo sabíamos cuando alcanzamos el gobierno local pero no creíamos que iba a tener tanto calado en las arcas municipales», explica y añade que trastoca todos los planes para este mandato.
Este es un contencioso que lleva muchos años y que se arrastra desde el mandato en el que gobernaron el Consistorio Antonio Rey (PP) y Alejandro Parallo (AIGRAS), siendo Rey alcalde y Patallo delegado de Urbanismo. En ese momento se decidió tramitar el Plan General de Ordenación Urbana sin modificaciones «para no retrasarlo». Construcciones Carreño, una empresa familiar muy asentada en Grado (es la segunda generación de constructores) y propietarios de numerosos solares en la villa, iba a desarrollar una promoción de edificios en varias fases en la zona situada entre la Avenida de los Deportes y las calles El Campón y La Flor, en suelo urbano no consolidado. Aquello eran prados cuando se empieza a tramitar a través de un Estudio de Detalle que ya venía de la época del alcalde José Sierra.
Por entonces desempeñaba el cargo de concejal de urbanismo Alejandro Patallo, de AIGRAS, quien asegura que lo que hicieron fue simplemente «aplicar la normativa vigente, es decir, cuando se construía una fase el constructor tenía que urbanizar y ceder suelo verde al ayuntamiento, tal como se contemplaba en el Estudio de Detalle».
Conflicto
El conflicto surge, explica, cuando Carreño entiende que no tiene que realizar esa cesión (era un terreno de unos 4.000 metros cuadrados), y dice que lo que corresponde es una expropiación. El proceso suponía la concesión de varias licencias, tanto de derribo, como de urbanización, además de la de construcción. Fue en este momento cuando el Ayuntamiento exige previamente a la ejecución de la edificación que se urbanice el entorno y se ceda la zona verde y surge el conflicto con la negativa del promotor. Patallo asegura que había informes que avalaban al Ayuntamiento tanto del secretario municipal (informe jurídico) como del Arquitecto (informe técnico) pero que posteriormente el aparejador municipal, César Martínez, puso objeciones en otro informe que es en el que , al parecer, se ha basado el juez, cuya sentencia apoya la tesis de la expropiación frente a la cesión. Lo que la sentencia obliga al ayuntamiento ahora es a pagar dicha expropiación (554.000 euros) en base a la valoración del entorno ya que, aunque es zona verde, está en suelo urbano y de ahí esa elevada cifra.
El exconcejal de urbanismo explica que en un momento dado fue Antonio Rey quien se hizo cargo del asunto y quien entabló conversaciones con el constructor que no llegaron a buen puerto. «Yo no participé pero creo que Carreño siempre quiso llegar a un acuerdo y Rey lo fue dejando sin solución». Patallo insiste en que el ayuntamiento, en ese momento «aplicó la misma normativa que se venia aplicando desde hacía 20 años, con sus informes técnicos y jurídicos favorables, por lo que no se cometió ninguna arbitrariedad».
Este suelo siempre fue objeto de polémica. Cabe recordar que cuando se aprobó inicialmente el Plan General de Ordenación Urbana, en lo que es zona verde de pronto aparecieron dibujados dos edificios. Esta situación se modificó en la fase de aprobación provisional, desapareciendo los mismos. Al parecer ser trató de un «error» que se corrigió en ese momento.
(Imagen de portada: zona de la promoción urbanística, junto a la Avenida de los Deportes. Imagen de Google Maps)
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Mi manera de pensar seria que la justicia obligue al señor Rey y al señor Patallo a pagar ellos ya que ellos mtieron la pata en su momento y los ciudadanos que siempre somos los que nos tragamos los marrones no tenemos la culpa ya que si seguimos asi siempre estaremos sin dinero en el ayuntamiento si hicieran con esta clase de deudas que paguen quien tiene la culpa y en este caso los gobernantes de su momento