Redacción/Santo Adriano
El Gobierno de Asturias coordinará con productores (ganaderos y agricultores) y con las empresas del sector la calidad alimentaria, a través de dos nuevos organismos, el Consejo de Calidad y Seguridad Alimentaria y la Mesa de Coordinación del Plan de Control de la Cadena Alimentaria del Principado. Los dos órganos colegiados han sido creados esta semana por la Administración regional, en un decreto en el que también se da luz verde a un tercer organismo, el Comité de Gestión de Emergencias Alimentarias y de Sanidad Ambiental, encargado de actuar cuando ya haya una situación de alerta.
Según informa el Principado, «el Consejo de Calidad y Seguridad Alimentaria se concibe como un órgano de participación y asesoramiento en el que estarán representados la Administración, los empresarios, los productores agrarios y los consumidores para favorecer la comunicación, informar sobre proyectos normativos y proponer asuntos que deban ser objeto de regulación, entre otras funciones», mientras que «la mesa de coordinación asumirá el seguimiento y coordinación del Plan de Control de la Cadena Alimentaria del Principado, además de elaborar un informe anual de resultados. Este plan, diseñado conjuntamente por las consejerías de Sanidad y Desarrollo Rural y Recursos Naturales, persigue el control íntegro de la cadena, desde la producción primaria hasta el consumo. El documento permite evaluar el cumplimiento de las normas comunitarias sobre la seguridad y calidad de los alimentos, la salud y el bienestar animal, la alimentación animal y la sanidad vegetal. Su objetivo final es proteger la salud de los consumidores y servir de incentivo para productores y empresas agroalimentarias». Será, pues, un foro de gran interés para un sector que vive con gran preocupación la gestión de la sanidad animal, con polémicas constantes por los llamados «falsos positivos» en las campañas de saneamiento ganadero.
Por último, el Comité de Gestión de Emergencias Alimentarias y de Sanidad Ambiental «se encargará de administrar situaciones extraordinarias que pueden afectar a la salud pública, generar alarma social y poner en peligro la salud de los consumidores. También coordinará actuaciones con otras comunidades y con el Gobierno central, y comunicará posibles riesgos a la ciudadanía».
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