La Ley de Estabilidad Presupuestaria que aprobó el PP en 2012 está generando algunas situaciones surrealistas. Ayuntamientos que son austeros en el gasto y que han llenado la hucha del cerdito no pueden tocar ni un rial. Resulta que la famosa “regla de gasto” de esta ley es un concepto perverso que está ahogando a pequeños municipios que pagan las culpas de los que han derrochado en tiempos de bonanza. Está muy bien eso de acabar con el déficit público estructural, pero que se castigue a los que usaron las arcas municipales como un saco sin fondo y no a los demás.
La ley exige que cuando una Corporación tenga ingresos mayores de los previstos éstos se reincorporen a la amortización de deuda pública y no a la inversión, la contratación de personal o la mejora de los servicios públicos.
Así las cosas, resulta que un ayuntamiento como el de Illas, que generará en 2017 un ahorro de 400.000 euros, no podrá tocar ni un solo céntimo para las necesidades de sus vecinos, que son muchas.
Y no es un caso aislado. Más del 80% de los ayuntamientos españoles tienen superávit que usan para endulzar sus cuentas el Estado y las comunidades autónomas, como dice con más razón que un santo el alcalde Illas, Alberto Tirador.
Pero la historia de los últimos doscientos años es la que es, un Estado grande que engorda a costa de los pequeños y los ahoga a pesar de que administran su casa con más eficacia y racionalidad. ¡Cuánto me recuerda a aquél campesino cediendo parte del producto del sudor de su trabajo a la Iglesia y al Señor! Pero claro, aquello era en la Edad Media.
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Cosas como estas hacen ser críticos con el sistema. Yo, por falta de conocimiento no puedo recordar el pasado, y por escasa preparación tampoco augurar el futuro. La observación del presente me dice que, por una parte, no se premia ni reconoce la eficiencia y responsabilidad fruto del esfuerzo; por otra, sacan más beneficios los que no siendo responsables manejan los presupuestos de forma inadecuada y más efectista. Vamos bien ¡sigamos!