El senador valenciano Carles Mulet denuncia «la falta de acuerdo» entre León y Asturias, con el tramo asturiano asfaltado y el leonés de tierra
Redacción/Santo Adriano
El asfaltado del Alto de la Farrapona, en Somiedo, y la reparación integral de la carretera que une Saliencia con Torrestío, en León, han llegado al Senado, pero no por obra de ningún representante asturiano o leonés, sino de la mano del senador valenciano Carles Mulet, de Compromís, que ha presnetado una iniciativa para que se repare esta vía interior de la Cordillera, que podría ser «un revulsivo para la actividad económica de ambos concejos», en referencia a Somiedo y al leonés Santo Emiliano.
«Desde la LE-481, la carretera local que conecta Turrustigu/Torrestío (Santu Michanu/San Emiliano) con la localidad asturiana de Saliencia (Somiedu) se convierte en una peligrosa pista de tierra de 4,2 km hasta llegar al área de estacionamiento de L’Altu la Farrapona (Somiedu). A partir de este punto la carretera SD-1 es asfaltada y ofrece un estado de conservación y mantenimiento óptimos. La mejora y asfaltado de esta vía supondría un revulsivo para la actividad económica de ambos conceyos; la catalogación de estos espacios como Parque Natural y Reserva de la Biosfera -así como la concentración de recursos turísticos entre el área somedana y babiana- despierta el interés de numerosos visitantes, especialmente de los usuarios que acceden a los lagos de Saliencia desde Asturias. Dado el deplorable estado de la pista, éstos -al igual que los residentes- se ven obligados a dar un rodeo por la AS-228 / LE-481 o por la AS-227 / LE-495 para acceder a un municipio u otro», argumenta el senador en su escrito, dirigido al Gobierno, en el que pregunta qué medidas va a adoptar Madrid para resolver la situación. Mulet considera que hay un «agravio comparativo entre Asturias y León en lo que a infraestructuras se refiere», y achaca la falta de cuidado de la parte leonesa de la carretera a la escasez de recursos del municipio de Santo Emiliano, por lo que considera que la inversión debería ser ejecutada por la Diputación de León o a la Dirección general de Carreteras de Castilla y León, y pide al Estado que medie para que las obras de mejora se ejecuten.
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