Los expertos piden voz para los vecinos en los parques naturales

La abogada Pilar Martínez, que tumbó el instrumento de gestión de Las Ubiñas-La Mesa, defendió en la Junta que la actual regulación incumple la legalidad

El decano de la Facultad de Biología, Tomás Emilio Díaz González, destaca que «sólo el consenso» permite desarrollar con éxito figuras de protección

Pilar Martínez, en el centro, hoy en la Junta General del Principado

Redacción/Grado

Desde distintas perspectivas, todos los expertos que participaron esta mañana en la Comisión de Desarrollo Rural de la Junta General del Principado coincidieron en pedir participación de los propietarios y vecinos en los órganos de gestión de los parques naturales. Las comparecencias, que se desarrollaron durante la mañana, pretenden facilitar información a los diputados a raíz de la modificación de la ley de Protección de Espacios Naturales de Asturias que impulsa Foro Asturias. El grupo parlamentario casquista propone que se incluya a los propietarios afectados en la comisión rectora de los parques naturales.

A propuesta de Foro, acudieron esta mañana a la Junta la abogada Pilar Martínez Rodríguez, letrada que en representación de la parroquia rural de Páramo logró la anulación judicial del instrumento de gestión del parque natural de Las Ubiñas-La Mesa, entre otras sentencias, y el presidente de la Asociación de Propietarios de Montes (Asprocoro), José Pablo Vicente Torres.

Pilar Martínez destacó el cúmulo de sentencias que han dado una y otra vez la razón a los propietarios de terrenos de los parques naturales asturianos, por lo que calificó de «una expropiación encubierta» que no tiene en cuenta sus derechos. Alabó figuras de derecho consuetudinario que regulan la relación tradicional de los vecinos para la gestión del territorio, «una joya que también merece protección», y criticó la falta de rigor de los estudios que sostienen la normativa de protección, que, aseguró, están hechos sin atender a las peculiares circunstancias de cada espacio singular. Por ello, insistió en «la necesidad de contemplar, estudiar y analizar de forma rigurosa las necesidades de conservación y la posibilidad de realizar otras actividades, como el aprovechamiento de la madera, la caza, la selvicultura, el aprovechamiento turístico, no solo como actividad rentable, sino también como una forma de mantener y conservar el equilibrio del monte y del bosque».

La abogada expuso las tres causas fundamentales de nulidad que han sido estimadas, como  la falta de memoria económica para hacer frente a las indemnizaciones y compensaciones a las personas  afectadas, por la privación, restricción o limitación de derechos subjetivos previamente consolidados; la  falta o defecto de zonificación, que ha de hacerse mediante la descripción y designación por coordenadas y la ausencia  de participación en la elaboración de las normas.

El representante de Asprocoro hizo especial hincapié en la pérdida de valor de los terrenos por la declaración de utilidad pública y los derechos de tanteo y retracto a favor de la Administración, que conlleva este tipo de normativa.  “Es en el contexto del requisito de la participación en el que cabe encuadrar la pretendida reforma que, si bien no resuelve el problema que ha generado la extensión indiscriminada de protección en el territorio de Asturias, que es una de las regiones españolas que más territorio protegido tiene (85 o 90 por ciento), algo atenúa”, aseguró.

A petición de Podemos compareció el decano de la Facultad de Biología, Tomás Emilio Díaz González, con amplia experiencia en la gestión de parques naturales, que insistió en que es necesaria la participación de los habitantes tradicionales, pues «sin consenso», dijo, es imposible que los instrumentos de protección puedan tener éxito. En este mismo sentido se manifestó el antropólogo e investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas José Antonio Cortés, que compareció a petición de Podemos y alertó de que la participación no debe restringirse a los propietarios, pues corre el riesgo de «perpetuar estructuras de poder» en vez de facilitar una representación equilibrada de los habitantes del territorio en la gestión de los espacios protegidos. También intervino en la comisión María Covadonga Colubi, afectada por el parque natural de Fuentes del Narcea, que insistió en que «los guardianes del paraíso son los habitantes tradicionales», ya que de su relación con el territorio surge el paisaje asturiano que se quiere proteger. También intervino el ex alcalde de Peñamellera Alta, Manuel Colinas, que destacó que sin un entendimiento entre administración y administrados es difícil que estos instrumentos de protección tengan éxito.