La organización conservacionistaWWF presentó una queja contra el Principado por falta de transparencia, tras reunir 45.000 firmas contra la autorización de batidas

Redacción/Grao

La decisión del Gobierno regional de autorizar la caza de lobos en batidas de cazadores, en municipios que no se consideran el hábitat natural de la especie, llegará al Defensor del Pueblo. la organización conservacionista WWF España ha presentado una queja contra el Gobierno regional «ante la reiterada denegación de información ambiental sobre las batidas de lobos en Asturias». Según difundió la organización estatal a través de un comunicado, «a pesar de nuestras diversas peticiones, el Principado sigue sin facilitar las resoluciones y los informes jurídicos que supuestamente avalan las batidas de lobos en las “áreas sin gestión específica», que abarcan un tercio del territorio asturiano. La organización continuará las acciones legales emprendidas hasta que le sean entregadas las autorizaciones firmadas y toda la documentación relativa a las batidas de lobos en Asturias». También critican que pese a la ley de Transparencia, y aunque lo solicitaron de forma oficial en reiteradas ocasiones, no han recibido el calendario con las batidas de lobos programadas ni las resoluciones que las autorizan. En palabras de Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España: “A día de hoy no conocemos cuantos lobos han sido abatidos. Es totalmente inaceptable el secretismo con que el Principado de Asturias está autorizando que se maten lobos, una especie declarada de interés comunitario al norte del río Duero”, ya que consideran que no está acreditada «la existencia de ‘circunstancias excepcionales’ ni el ‘elevado número de daños’ a la cabaña ganadera».
«El Principado autoriza las batidas contra lobos simplemente para satisfacer las presiones del sector ganadero más radical y está en duda la legalidad de las mismas, por lo que no pararemos hasta conocer todos los detalles de las autorizaciones firmadas», concluye la organización, que ha recogido 45.000 firmas para pedir el presidente del Gobierno regional, Javier Fernández, para que cambie la política regional de gestión del lobo.