Frente común de los municipios contra la decisión del Principado de Asturias de exigir la devolución de las ayudas para los planes de empleo correspondientes a 2014-2015. Los 21 concejos afectados, entre ellos Grado y Salas, acordaron presentar una batería de alegaciones, todas con la misma argumentación, para oponerse a la petición de devolución de las ayudas. El modelo de alegación fue acordado hoy en una reunión mantenida en la federación Asturiana de Concejos (FACC). El propio presidente regional, Javier Fernández, había instado a los ayuntamientos afectados a coordinar su postura en esta organización, para intentar “superar” los problemas administrativos generados en torno a estas ayudas. El caso afecta a Grado y Salas, que tendrían que devolver unos 35.000 euros entre los dos.
Tras el acuerdo en la FACC, el coordinador de IU de Asturias, Ramón Argüelles, ha expresado su satisfacción. “Nos alegramos de que haya unanimidad en la respuesta. Eso hace más fuerte la reivindicación”, aseveró el máximo responsable de la formación. Argüelles recordó que los Planes de Empleo fueron diseñados por la propia Administración autonómica y los ayuntamientos fueron sus ejecutores. Sin embargo, matizó, “en ningún caso pueden ser los perdedores de esta jugada”. El máximo responsable de IU reivindicó la continuidad de los Planes de Empleo a futuro como una respuesta indispensable ante la situación general de Asturias. Eso sí, el mantenimiento debe hacerse con un modelo que no cause perjuicios a las administraciones locales, evitando que los Ayuntamientos sean los “paganinis” de la situación.
Por su parte, la secretaria de Política Municipal, Gabriela Álvarez, aseguró que IU mantendrá como una prioridad estratégica lograr una solución que impida que las arcas municipales carguen con cualquier consecuencia debido a un diseño inadecuado de las convocatorias de los Planes de Empleo. Los Ayuntamientos, explicó Álvarez, no pueden ser responsables de unas convocatorias que hizo el propio Principado, que es la administración competente y la que tiene la obligación de asumir sus propios errores.
Gabriela Álvarez señaló el esfuerzo que se está haciendo desde IU para lograr encontrar una vía de salida que evite que los Ayuntamientos tengan que devolver un líneas de subvenciones que sí han gastado y que si ahora están en cuestión no es por la praxis municipal.