Por José Manuel R. ANTOMIL
[Desde la Ría de Miranda]
Últimamente están proliferando mucho las estafas de guante blanco por parte de algunas compañías eléctricas, sobre todo en el mundo rural, (estos días le ha tocado a Cornellana), o al menos así se desprende de la actuación de los comerciales que operan y de las credenciales que presentan.
Estas compañías desembarcan en el pueblo o barriada 5 ó 6 comerciales jóvenes, se presentan como empleados de la compañía eléctrica y dicen que van a revisar el contador, por lo que la ‘víctima’ firma hasta tres veces en una tablet. A cambio le dejan un papel sin validez legal ninguna.
Lo que ha hecho la ‘víctima’ en ese momento es cambiar de compañía suministradora. En algunos casos les prometen un descuento que en el mejor de los casos es de 2€, pero muchas veces van a pagar más.
Estos hechos suelen producirse normalmente con gente mayor y que vive sola. Cuando estos desvalidos mayores comunican a sus hijos los hechos empieza una carrera de llamadas e inconvenientes de los que en algunos casos hay que terminar en los juzgados; pero claro, estas empresas juegan con la ventaja de que tienen unos servicios jurídicos que suelen amenazar a las víctimas y la mayoría en vez de ir al juzgado pagan. Además de la estafa, estos mayores suelen recibir una reprimenda de sus hijos o nietos,con el consiguiente disgusto para todos.
Uno se pregunta, ¿donde están los defensores de los ciudadanos, los fiscales, los políticos, o en último caso las fuerzas y cuerpos de seguridad? Porque estos hechos son constitutivos de delitos que además se cometen contra personas indefensas.
Va siendo hora de que, a quien corresponda, tome cartas en el asunto.