El Plan de Control Ambiental prevé hacer este año 200 inspecciones a industrias

El Principado aprueba un decreto para definir las obligaciones de las empresas y crea un Organismo de Control

Fernando Lastra y Guillermo Martínez, ayer tras el Consejo de Gobierno

Redacción/Grado

Reforzar las inspecciones y ampliarlas a todas las empresas potencialmente contaminantes, abriendo el abanico de control de las 80 que actualmente está sometidas a vigilancia a unas mil grandes y pequeñas empresas. Este es uno de los cambios del nuevo Plan de Inspección Ambiental 20018-2020, que ayer publicó el BOPA y que fue presentado por el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, tras el Consejo de Gobierno. Lastra anunció además un nuevo decreto de Protección y Control, que se publicará en el BOPA el sábado, para ser sometido a información pública. este decreto define con más precisión las obligaciones de las empresas asturianas, las actuaciones obligatorias en caso de alerta y crea un Organismo de Control Ambiental.

En cuanto al plan de inspección, Lastra destacó que se incrementa el control sobre la actividad industrial, para hacerla compatible con la calidad medioambiental. El plan, que sustituye al ahora vigente, prevé hacer el año que viene 200 inspecciones de oficio, además de las no programadas que sean necesarias por denuncias o situaciones especiales. La consejería estima que en total serán unas 600 las inspecciones de control ambiental que impulsará la Administración autonómica. El aumento de las inspecciones programadas es de un 43 por ciento, frente a las 140 que se hicieron el año pasado.

Medio Ambiente tramitó el año pasado 1.025 expedientes de control ambiental, lo que supone un crecimiento de un 34% respecto a 2016. Los residuos fueron la principal causa de apertura de expediente (un 46%), seguidas de las afecciones a la atmósfera (37%). Gijón, Oviedo y Avilés, los tres mayores concejos, aglutinan el 40% de las actuaciones de control.

Próximamente también será aprobado el Protocolo para Situaciones Anómalas, previsto para aquellos casos en los que la estabilidad atmosférica impida la dispersión de partículas y se den casos de polución.

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