Entidades locales de la comarca, en la ‘lista negra’ de Sindicatura

El Ayuntamiento de Santo Adriano, parroquias de Teverga y Somiedo, las mancomunidades de Grado y Yernes y Tameza, Valles del Oso y el extinto consorcio del Camín Real tienen aún cuentas pendientes por presentar al órgano fiscalizador

F. Romero / Oviedo

El Ayuntamiento de Santo Adriano, las parroquias de Teverga (La Foceicha) y Somiedo (Saliencia), las mancomunidades de Grado y Yernes y Tameza, Valles del Oso y el extinto consorcio del Camín Real tienen aún cuentas pendientes por presentar al órgano fiscalizador. En el caso de las parroquias faltan tan solo las cuentas de 2005, algo que se debe, según FAPAR, a que en ese año no era obligatorio. De hecho Llera informaba ayer que las parroquias rurales eran las que más estaban colaborando.

El nuevo síndico mayor de Asturias, Roberto Fernández Llera mantuvo esta mañana un desayuno con los periodistas para explicar las líneas que este órgano consultivo y fiscalizador mantendrá en los próximos años. Precisamente uno de sus objetivos es llegar a que las entidades locales que presenten sus informes económicos lleguen a ser el 100 x 100 de las existentes, ya que hasta ahora no han conseguido más que el 70%.

Llera, que lleva dos meses de mandato y que estaba acompañado de los otros dos síndicos Manuel Fueyo y Eduardo Rodríguez, cree que su responsabilidad es muy grande, ya que tienen que controlar 4.500 millones de euros del Principado (administración regional) y otros mil millones de las entidades locales, además de 250 millones de la Universidad de Oviedo, así como fiscalizar todos los contratos importantes y subvenciones de la comunidad autónoma y todo ello con un personal escaso, menos de 30 personas, por lo que ya ha anunciado que están en proceso de creación de nuevas plazas y “empezaremos de inmediato”, señaló.

El síndico mayor habló de las prioridades “estratégicas de este mandato” que pasan por realizar “buenos informes no solo de grado de cumplimiento de presupuestos sino de fiscalización”, además se incidirá en la formación de personal para llevar a cabo estas tareas. Otro objetivo es realizar informes medioambientales que aunque no están contemplados en la Ley “tenemos que tenerlo en cuenta para cumplir la Agenda 20.30 de desarrollo sostenible”.

Por otro lado también se fiscalizarán los ingresos (tasa, impuestos…), informes a solicitud del consejo de Gobierno y se harán las comparecencias que se les pida en la Junta General. Otros dos informes que tendrán que realizar son en colaboración con el Tribunal de Cuentas, sobre la Ley de Dependencia y el procedimiento extrajudicial de créditos.

“Como reto en este mandato nos planteamos hacer comprensibles nuestros informes”, explicó Llera, así como conseguir que las entidades públicas colaboren en la presentación de las cuentas “lo que haremos con persuasión y colaboración con los interventores locales, aunque siempre tenemos como última instancia las multas coercitivas a las que aún no hemos tenido que recurrir. Queremos insistir mucho en que esto no es un favor al fiscalizado, sino un deber que él tiene y en el ámbito local estos deberes quedan preteridos, por lo que vamos a dirigir una comunicación formal a los ayuntamientos para recordarles que las elecciones no eximen del deber de rendición de cuentas”. No obstante, subrayó el síndico mayor, “hace 10 años rendían cuenta muy pocos y ahora estamos en el 70%, entre los cuatro primeros de España” .

Hasta la fecha ninguna entidad local ha presentado aún las cuentas de 2018, aunque es normal, ya que el plazo dura hasta el 15 de octubre. Llera niega que el hecho de ser ayuntamientos pequeños y disponer de poco personal sea una razón para dilatar la rendición de cuentas “el tamaño no importa, bromeó. No hay correlación entre tamaño y grado de rendición de cuentas. Las parroquias rurales, por ejemplo, rinden casi al 100×100, aunque en los ayuntamientos nos encontramos con muchos pretextos”, señaló.