Un agente inspecciona una oveja muerta / Foto Agumpa
Redacción/Grado
El Juzgado de Cangas de Onís ha archivado la causa contra once agentes de Medio Rural que estaban investigados por presunto fraude en la certificación de daños del lobo. Así lo ha hecho público la Asociación de Agentes del Medio natural del Principado (Agumnpa) que lamenta que durante tres años, desde que se hizo pública la investigación de la Guardia Civil, los once agentes acusados y todo el colectivo hayan visto afectado «su honor y su imagen».
A los guardias rurales investigados se les imputaban los delitos de prevaricación, falsedad documental y estafa. «Pese a la gravedad de los delitos en cuestión, en ningún momento dicha investigación cuestionó el sistema de tramitación de las reclamaciones que se estaba llevando a cabo en Asturias ni la responsabilidad de los cargos de la Consejería en el procedimiento aplicado por los Agentes del Medio Natural, a pesar de incumplir sistemáticamente la ley de Procedimiento Administrativo», señala la asociación profesional, que destaca que las irregularidades detectadas se debían a errores humanos por un sistema de certificación deficiente. «Las diligencias policiales abiertas por el UCOMA se fundamentaban en presuntas irregularidades en el procedimiento establecido por la Administración para la evaluación de los daños causados por la fauna silvestre sobre el ganado doméstico. Algunas de estas irregularidades eran supuestas repeticiones de fotografías en diferentes expedientes administrativos; que los agentes cumplimentaran la parte de la solicitud correspondiente al solicitante (práctica habitual hasta entonces debido a la avanzada edad de muchos de los ganaderos solicitantes) o discordancias entre el daño certificado por el Agente del Medio Natural y el veterinario del seguro de la ganadería, etc».
Los agentes reclaman al Gobierno regional la elaboración de un reglamento de daños y un protocolo claro y riguroso, que de seguridad jurídica a su trabajo, y cuestionan que el Principado «ni siquiera aportó defensa jurídica a sus propios funcionarios».
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