La mujer está acusada de imprudencia temeraria, por dar un volantazo y lanzar a una viandante contra el muro de la Junta General del Principado, en marzo de 2017

Redacción/Grado

La vecina de Grado que atropelló en marzo de 2017 a una mujer de 56 años en la calle Marqués de Santa Cruz tras dar un volantazo e invadir la acera frente a la Junta General del Principado afronta el pago de más de 80.900 euros en indemnizaciones y multas, según la petición de la Fiscalía del Principado de Asturias, que la acusa de imprudencia temeraria. La mujer, que tenía 62 años cuando ocurrió el suceso, se sentará mañana en el banquillo, en el Juzgado de lo Penal número 1 de Oviedo.

El Ministerio Fiscal sostiene que «sobre las 16 horas del día 21 de marzo de 2017, la acusada circulaba por la calle Marqués de Santa Cruz, en Oviedo, procedente de la calle Santa Susana. Debido a que circulaba distraída y sin prestar la mínima atención, no tuvo en cuenta que el semáforo que regulaba el tráfico en la confluencia con la calle Fruela estaba en rojo y, al ver que se iba a golpear contra el vehículo que estaba detenido respetando la señalización, y pese a que no había ningún vehículo detenido en el carril paralelo de bajada y que no venía ningún vehículo circulando de frente en el carril opuesto de circulación -y por tanto podía rebasar al vehículo detenido sin ningún problema ni peligro para nadie-, tras un zigzagueo dio un volantazo brusco a la derecha, se subió a la acera frente al Palacio de la Junta del Principado de Asturias», atropellando a la víctima, que caminaba por la acera. Según el relato de la Fiscalía, «la acusada acometió a la peatón y la lanzó por el aire, tras lo cual volvió a la carretera pasando entre el semáforo y la valla metálica que delimita la acera y la carretera en la confluencia de las calles Marqués de Santa Cruz y Fruela y solo se detuvo, cuando, tras colisionar contra el muro del Jardín de la Plaza de La Escandalera, le reventaron las dos ruedas del lateral derecho del vehículo y no pudo continuar la marcha». La herida estuvo tres días en la UVI, 30 días hospitalizada y tuvo que ser sometida a tres operaciones. Le han quedado secuelas, como cicatrices y dolores crónicos, además de un trastorno de estrés postraumático. La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de delito de lesiones por imprudencia grave y «solicita que se condene a la acusada pena de multa de 12 meses con cuota de 6 euros día, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante 2 años». Además, piden que abone a la víctima por perjuicio personal particular, la cantidad de 17.762 euros y por secuelas, 60.688,57 euros y al Sespa, con en 339 euros.