Unas líneas en relación a la “suspensión” de la protección de la Fábrica de Armas de Trubia
Por Toño HUERTA *
En las últimas semanas estamos leyendo, día sí y día también, noticias que lamentablemente tienen a la Fábrica de Armas de Trubia como protagonista de lo que parece ser una tragicomedia por entregas.
Todo comenzó por la nefasta noticia de la pérdida del contrato del Vehículo de Combate sobre Ruedas (VCR) 8×8 Dragón. Pero no es este lugar para comentar un tema tan espinoso propio de los especialistas en la materia y con un elevado componente político y empresarial con intereses que se nos escapan al común de los mortales.
Dónde quiero poner el foco es en otro tema que, aunque parezca secundario, no lo es. Estoy hablando la “suspensión cautelar” de la protección de la Fábrica de Armas de Trubia como parte de nuestra historia. Sin duda habrá personas que pensarán que con los problemas laborales y productivos que tiene la factoría, hablar de estas cuestiones puede resultar frívolo; no pretendo convencerlos, sólo dejar escritos unos argumentos para que cada cual saque sus conclusiones.
Como soy consciente de que en lo primero que pensaran algunas personas es que proteger una industria es abocarla a su cierre, simplemente diré que es la gran excusa, por no decir mentira, en la que se escudan algunas grandes empresas –no todas, por suerte- y personas que desconocen por completo la realidad legal e histórica de estos bienes. Por citar dos casos de Asturias: el único pozo minero de Asturias, San Nicolás, o la Central Hidroeléctrica de La Malva, forman parte del Patrimonio Cultural Asturiano, son elementos protegidos e industrias que siguen en activo. Protección y producción son totalmente compatibles y lo único que se pretende es que se vigilen elementos muy importantes de nuestra historia, que, no nos confundamos, son de toda la ciudadanía; se busca evitar que con la excusa de la producción y el empleo se destruyan bienes que explican nuestra historia, que forman parte esencial de nuestra memoria. Otro ejemplo: el Taller de Artillería de la Fábrica de Armas de Trubia está considerado como uno de los mejores ejemplos de arquitectura industrial de España. Durante sus más de 170 años de historia ha sufrido numerosas reformas para adaptarse a las nuevas necesidades productivas aún contando con un nivel elevado de protección a nivel municipal, y ahí sigue, ¿acaso cabría en la cabeza de alguien que se decidiera su demolición atendiendo a criterios industriales y de producción cuando ambos factores siempre fueron compatibles con su mantenimiento?
Sólo quiero dejar un dato para la reflexión. La Fábrica de Armas de Trubia ha cumplido 225 años, creando un territorio y atrayendo nuevas empresas que hoy conforman un importante tejido industrial. De esos más de dos siglos de historia, los últimos 30 años ha formado parte de la empresa Santa Bárbara Sistemas, filial de General Dynamics. Ha llegado hasta nuestros días en un razonable estado de conservación, siempre con una estrecha relación entre la Fábrica y Trubia; sin embargo, en los últimos años esa relación se ha roto de manera unilateral, se ha visto como se ha traslado el archivo, como la piqueta ha demolido edificaciones y como la parte residencial está completamente abandonada (residencia de ingenieros, casa del director, casino de ingenieros, capilla, laboratorio, etc., pero también los denominados “pabellones del Vasco”, de titularidad municipal), ¿acaso debemos de resignarnos a ver como se arruina nuestra memoria? Muchos trubiecos descendemos de varias generaciones que trabajaron, incluso murieron, en la Fábrica de Armas, es nuestro deber para con ellos exigir que no se pierda la dignidad de nuestro pueblo.
Por entrar en el tema de la protección, tras años de peticiones, luchas, informes y demandas, el 11 de enero de 2016 se inició el expediente de protección para incluir a la Fábrica de Armas de Trubia en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, siendo aprobada dicha protección por Resolución del 20 de septiembre de 2018. Sin embargo, un recurso de la empresa Santa Bárbara Sistemas, firmado por el propio director de la factoría trubieca, hizo que una nueva Resolución, con fecha 19 de julio de 2019, suspendiese cautelarmente la protección. En el recurso presentado por la empresa, esta aludía que la protección “causaría perjuicios de imposible y difícil reparación y perjudicaría al empleo”; una frase tan contundente como vacía, pues no está argumentada, ¿qué perjuicios? ¿qué daños?. Una vez más la posición defensiva ante la palabra “protección”. En cualquier caso, desde el punto de vista jurídico todo apunta que esa resolución es, cuanto menos, insostenible por dos razones fundamentales:
- La propia Resolución del 20 de septiembre de 2018 en la que se incluía la Fábrica de Armas de Trubia en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias dice que el plazo de resolución es de 16 meses desde que se abre el expediente –es decir, desde el 11 de enero de 2018–. Durante ese periodo estaría abierto el plazo de alegaciones.
- Y que, en todo caso, cabría interponer recurso potestativo de reposición ante la Consejería de Cultura en el plazo de un mes desde la publicación de la Resolución de protección, es decir, hasta el 28 de octubre de 2018.
Teniendo en cuenta ese baile de fechas, resulta que la alegación presentada por la empresa Santa Bárbara tiene como fecha de entrada por registro el 23 de noviembre de 2018, o lo que es lo mismo, fuera de todo plazo. Lo que ahora tocaría es que desde la propia Consejería de Cultura explicasen por qué se tramitó ese expediente y, sobre todo, revocar una resolución insostenible jurídicamente.
Otra razón que alude la empresa es que debería ser el Ministerio de Cultura quien declarase la protección de la Fábrica de Armas. Pues bien, la Ley de Patrimonio Histórico Español, en su artículo 6 dice que “son organismos competentes para la ejecución de la Ley los que en cada Comunidad Autónoma tengan a su cargo la protección del patrimonio histórico”, que en el caso de Asturias es la Dirección General de Patrimonio Cultural, y la norma aplicable la Ley de Patrimonio Cultural de Asturias, en cuyo Preámbulo dice que “…un Estado Social … debe de garantizar la conservación y promover el enriquecimiento del patrimonio cultural, cualquiera que sea su régimen y su titularidad”.
En resumidas cuentas, la Dirección General de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias tiene competencia sobre la protección de la Fábrica de Armas de Trubia; y viendo las deficiencias formales y jurídicas de la resolución que “cautelarmente” suspende la protección, todo apunta a que ésta no sea efectiva y la factoría trubieca siga formando parte del Inventario del Patrimonio Cultural Asturiano.
Conocidos los hechos y analizando en su conjunto todo este devenir, uno se pregunta ¿por qué? ¿por qué una empresa como Santa Bárbara, que al fin y al cabo ni siquiera es propietaria de las instalaciones, destina recursos para frenar una protección que, como hemos visto, en nada perjudicaría a su producción? Quizás sea casualidad que la empresa tenga abierto un expediente y un litigio con el Ayuntamiento de Oviedo por realizar obras y demoliciones, algunas de ellas paralizadas de urgencia, sin licencia municipal ni informe patrimonial de Cultura, éste último obligatorio una vez se inicia el expediente de protección. También coincide en el tiempo con toda la polémica en torno al contrato del VCR 8×8, a lo que alguien podría preguntar si han destinado los mismos recursos que utilizaron a redactar la alegación contra la protección a obtener nuevos contratos que garanticen la carga de trabajo que, no lo olvidemos, por si alguien lo cuestiona, es el objetivo principal. En ese sentido, reutilizar activos ociosos hoy abandonados (como los ya mencionados casino, casa del director, residencia, etc.) podría generar nuevos empleos en otros nichos de mercado, y la protección sería un plus y una marca de calidad.
Ya para concluir, creo que el diálogo es fundamental. Diálogo entre todos los agentes sociales implicados: sociedad, empresa, sindicatos y administración. Y diálogo horizontal, de “tu a tu”. La mayoría de las veces surgen enfrentamientos innecesarios y absurdos simplemente por desconocimiento, de ahí la necesidad del diálogo y la divulgación. Todas las partes deberían sentarse a hablar, sin las tan de moda “líneas rojas”.
El objetivo final estoy seguro que es el mismo, con multitud de puntos en común: compatibilizar una protección cultural legal acorde a la importancia que la Fábrica de Armas de Trubia tiene en la historia de la industrialización española, con la producción y mantenimiento del empleo de una industria puntera a nivel internacional. Si se ha logrado convivir y mantener ese equilibrio durante 225 años, ¿vamos a ser incapaces ahora? Se lo debemos a las generaciones pasadas y nunca nos lo perdonarían las futuras.
* Toño Huerta es geógrafo y presidente de la Asociación por el Patrimonio Histórico e Industrial de Trubia
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