Redacción / Pravia
El Estado va aflojando la presión a los ayuntamientos que se inició en época del ministro Montoro en el gobierno de Rajoy para tratar de contener la deuda durante la crisis. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció ayer que la regla de gasto en 2020 se sitúa en el 2,9%, una décima más que en la senda vigente aprobada en 2017, lo que ofrece un mayor margen a los municipios para invertir en políticas sociales. La regla de gasto impide que ninguna administración supere el gasto del año anterior por encima de esta tasa, aunque tenga las cuentas saneadas con superávit y haya reducido deuda, algo que le ocurre a los ayuntamientos de la comarca. Por otro lado, el Ejecutivo ha aprobado un Real Decreto-ley para facilitar la reinversión del superávit de 2018, que ha permitido ampliar hasta 2020 el plazo para desarrollar las inversiones financieramente sostenibles.
La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han presidido la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), junto a representantes de la FEMP, encabezados por su presidente, Abel Caballero.
La ministra de Hacienda ha informado a la CNAL de los objetivos de estabilidad presupuestaria de 2020 y del periodo 2021-2023 para las entidades locales, que implica equilibrio presupuestario en todos los años. El objetivo de deuda pública para las entidades locales queda fijado en el 2% para 2020 y 2021; en el 1, 9% en 2022; y en el 1, 8% en 2023. La ministra de Hacienda también ha trasladado en la reunión que no tendrá efecto la liquidación del IVA de 2017 a la hora de evaluar el cumplimiento del objetivo de la regla de gasto y de déficit de 2019 de las entidades locales.
Montero ha trasladado a la CNAL “el compromiso del Gobierno para abordar en esta legislatura la reforma de la financiación local de forma conjunta con la reforma del modelo de financiación de las comunidades autónomas”. En este sentido, el Ministerio de Hacienda ha valorado de forma muy positiva la contribución de las entidades locales a la consolidación fiscal de las cuentas públicas de España.
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