Redacción/Grado
La Fiscalía Superior del Principado de Asturias está analizando la situación que atraviesan los centros residenciales de personas de edad avanzada de la comunidad, tanto públicos como privados, con el objetivo de recopilar toda la información necesaria para conocer la existencia no solo de posibles personas enfermas o fallecidas a consecuencia del COVID-19, sino también aquellas circunstancias asistenciales que puedan estar suponiendo un riesgo innecesario para todos los residentes y trabajadores de los establecimientos, según informa la institución a través de un comunicado. La Fiscal Superior, María Esther Fernández García, ha ofrecido además al Principado «su total colaboración en todo aquello que resulte necesario para garantizar la seguridad y la asistencia sanitaria de este colectivo». El expediente, una vez finalizado, se trasladará al Principado y a la Fiscalía General del Estado.
La información se está recopilando a través de la Dirección General de Gestión de Servicios Sociales, y también se ha pedido información, a través de teléfono y por escrito, a residencias públicas y privadas. «Algunas de ellas han remitido directamente la información requerida y el resto lo hará ya a través de la Dirección General de Gestión de Derechos Sociales, que ha centralizado la recepción de toda la documentación desde el día de hoy», señala la Fiscalía.
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