El gobierno local, con el apoyo del PSOE, aprueba la petición de ingreso en el ARA junto a otros municipios, con la oposición de PP y Ciudadanos

IU justifica la suspensión del convenio con Canfelin’z porque la finca de Grado «era insuficiente para el número de perros» y garantiza con el cambio «los estándares de bienestar animal»

F. R. G. / Grado

El equipo de Gobierno de IU sacó ayer adelante con el apoyo del grupo socialista el acuerdo de entrar en el consorcio para el Albergue y Refugio de Animales (ARA) en el que participan otros municipios asturianos, si bien aún carece de un espacio físico y de instalaciones en la actualidad. La medida ahorrará cerca de 2.000 euros anuales al Ayuntamiento, si bien la concejala Ana Miranda (IU), explica que no hay una razón económica «sino que lo que buscamos es garantizar los estándares de bienestar animal y el refugio de Grado no tiene espacio suficiente para el número de perros que suele haber». Por esta razón el consistorio moscón no renovó el convenio con el colectivo Canfelin’z que se encargaba de la gestión de este servicio. Miranda añadió que consorciarse, además de servir para repartir gastos, conlleva una ubicación fuera del núcleo urbano,.

El portavoz de Ciudadanos José Ramón González criticó la medida «porque no sabemos ni cuándo, ni dónde se va a construir y además si se pide el ingreso no se puede salir, porque te excluyen si tomas esa decisión». El concejal preguntó si en las previsiones del ARA estaba ubicar las instalaciones en una finca de Grado, algo que IU negó.

Para el PSOE el ingreso en este consorcio es una medida «eficaz». El portavoz socialista Ricardo Solar entiende que para los municipios pequeños como Grado «es la mejor forma de abordar este tipo de servicios».

La concejala del PP Ámbar Álvarez dijo que «no entendía la propuesta de IU». Afirmó que este consorcio estaba integrado por concejos que «nada tienen que ver con Grado, dispersos por Asturias y eso es un inconveniente en el futuro». Recordó que había un informe del secretario en donde se cuestionaba la inexistencia de evaluación económica, a lo que Ana Miranda le contestó que se calculaba que pagarían lo mismo que el Ayuntamiento de Pravia, entre 1.400 y 1.800 euros al año, mientras que el convenio anual con Canfelinz suponía un desembolso para las arcas municipales de unos 4.000 euros.