Redacción/Grado
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Oviedo ha dictado un auto en el que vuelve a anular la cuenta general del Ayuntamiento de Somiedo de 2016, y tras una dura reprimenda, obliga al equipo de gobierno a volver a rendir la contabilidad antes del día 16 de este mes, bajo la amenaza de imponerle una multa. El fallo judicial considera demostrado que el Ayuntamiento llevó al Pleno en 2020 la misma contabilidad de 2016 que ya había sido anulada por no ajustarse a derecho, tras un recurso presentado por la oposición, El Juzgado considera que el equipo de gobierno «ha llevado al Pleno la misma cuenta general que fue anulada, en un ejercicio arbitrario de las potestades administrativos, y lo que es más importante, con absoluto desprecio a lo resuelto por este Tribunal», una actuación que considera que pretendía «crear una falsa apariencia de realidad, tratando de defraudar el derecho a la tutela judicial efectiva de los ejecutantes, y burlando el derecho a la ejecución de las sentencias en sus estrictos términos, que únicamente puede ser sancionada con la nulidad del acto».
La decisión judicial, que aún no es firme, llega después de que los concejales Josefina Álvarez y José Antonio Berdasco, asistidos del despacho jurídico Advance Abogados, pidieran la ejecución de la sentencia inicial, que tumbó la cuenta general de 2016. Para los ediles, el fallo muestra «el talante» del equipo de gobierno somedano, que «de
forma reiterada ha estado presentando alegaciones para dilatar el proceso de ejecución y evitar así su cumplimiento; la Sentencia en su día fue apelada ante el TSJ de Asturias y confirmada en todos sus extremos. Es decir, se trata de una sentencia revisada por dos órganos Judiciales que da la razón a los concejales de la oposición de Somiedo y que, a día de hoy, transcurridos más de dos años, no se ha cumplido». Los concejales esperan «que el alcalde de Somiedo entre en razón y trabaje por todos los somedanos y por el cumplimiento de la sentencias firmes, actuando con exquisito respeto a nuestro ordenamiento jurídico y con la ejemplaridad que todo ciudadano esperaría de su Alcalde, en vez de malgastar fondos públicos en intentar eludir el cumplimiento de los pronunciamientos judiciales».
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