La Coodinadora Ecoloxista d’Asturies presenta alegaciones a los permisos solicitados para Somiedo «que tendrán un impacto severo afectando al urogallo y al oso»

Redacción / Grado

La Coordinadora Ecoloxista d’Asturies ha presentado alegaciones a los parques eóplicos presentados hasta el momento, incluyendo el previsto para Somiedo y otros  «aunque parece que no serán los últimos que se van a tramitar, viendo las facilidades que el Principado da a los intermediarios eólicos lo que está generando una burbuja especulativa eólica», señalan en un comunicado difundido hoy.

Las licencias se han solicitado para 4 parques (Chaguetos, Gobía, Carola y Pumarín) que van a tener 71 molinos con una potencia total de 355 Mw.  «Ya reconocen en los estudios ambientales presentados por las empresa promotoras, que van a tener un impacto severo en su entorno, afectando a especies tan representativas y en peligro como el urogallo y el oso», añaden.

«Estos parques eólicos que va estar dentro de la zona de exclusión eólica, afecta a los espacios naturales y a la zona de especial protección comunitaria y sus entornos. Una situación que desde la Coordinadora Ecoloxista consideramos extremadamente peligrosa, este salto de Industria por permitir instalaciones con elevado impacto en zonas protegidas y excluidas de acuerdo al Decreto 43/2008, de 15 de mayo, sobre procedimientos para la autorización de parques eólicos por lo que el Principado ya está maniobrando para colarnos estos parques en los espacios naturales», aseguran.

En Asturias están en funcionamiento 22 parques eólicos con una potencia instalada de 611 Mw, el primero funcionando desde el año 2001.  Hay en construcción 7 con 181 Mw instalados y hay otros 40 en fase de proyectos activos, parques con con una potencia instalada de 681 Mw

La Coordinadora recuerda que el desarrollo de los parques eólicos en Asturias, «ha estado lleno de irregularidades, algunas sin resolver, como es que todo este conjunto de parques debería someterse a una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) de acuerdo a la Directiva 2001/41/CE y de acuerdo a la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

El colectivo ecologista espera aún que todas las denuncias que presentaron en estos años «por los daños ambientales, urbanísticos, al patrimonio histórico, queden resueltas».