Comuneros de varios concejos asturianos, entre ellos de Teverga, Quirós y Las Regueras, se concentraron hoy ante la consejería de Medio Rural por los retrasos en el reconocimiento de los derechos de propiedad vecinal

Redacción / Grado

Los representantes de los montes comunales de Asturias denuncian que los procedimientos de clasificación puestos en marcha por el Principado se están haciendo con retraso y de forma defectuosa, para que «nos desmoralicemos y abandonemos», cuando además «las generaciones que tienen el recuerdo de los vecinales se nos están yendo».  Los vecinos, convocados por la Coordinadora de Montes Vecinales de Mano Común y Asturias Ganadera, se concentraron esta mañana ante la sede de la Consejería de Medio Rural, para denunciar lo que consideran «una maniobra» para no reconocer esta forma de propiedad comunal, muy arraigada en Asturias. Asistieron comuneros de numerosos concejos asturianos, entre ellos tres de la comarca: Teverga, Las Regueras y Quirós. Las comunidades representadas fueron las de  Abraido, Abres, Braña Las Murias, Busfrío, Buspaulín, Los Carriles, Castañedo, Las Colladas, La Figuerina, Fonteta, Fuentescavadas, Llanuces, Modreiros, Nieres y Grandamuelle, El Pato, Pendueles, Presno, Pumariega, Robléu, San Esteban, San Fructuoso, San Pol, Santa Eulalia, Soto Las Regueras, Sueve, Tarna, Tsamaraxil, Villabona y Villatresmil.

La coordinadora destaca que llevan ya tres años desde que comenzaron a o reclamar a la Administración que tramitara de oficio el reconocimiento de los comunales, y que han pasado dos años desde la creación de la coordinadora, que ya ha presentado numerosas solicitudes de reconocimiento de montes. «La causa que defendemos parte de hacer justicia histórica, promover el bien común en favor de un medio rural castigado por políticas ajenas a la sensibilidad que requiere el campo, y devolver a los pueblos un territorio de cuyo futuro puede depender la supervivencia de muchas comunidades de la Asturias vaciada», defienden los vecinos, que acusan al Gobierno regional de incumplir su obligación legal. «Tampoco tramitan adecuadamente las solicitudes que los vecinos dirigen a la consejería responsable directa de la tramitación, retrasando su comienzo, poniendo obstáculos innecesarios, ocultando información pública, informando negativamente con criterios ampliamente denostados por el Tribunal Supremo en procesos judiciales anteriores. A todas estas consideraciones legales se suma el trato displicente, desconsiderado, despectivo y ofensivo que sufren las comunidades vecinales que con voluntad y esfuerzo solicitan y adjuntan documentación suficiente y acreditativa del derecho tienen sobre los montes que reclaman». Entre otros aspectos, denuncian el caso de Caldueño, a cuyos vecinos tras dos años se les informó de que existían defectos de forma y que el expediente sólo se había iniciado; o el de Abres, en Vegadeo, la única aprobada definitivamente en 2019, que data de 2014 y que se inscribió mal en el Registro de la propiedad. También denuncian convocatorias del jurado de clasificación sin documentación y con solo 24 horas de antelación. «Pretenden agotar, desmoralizar y hacer desistir a las comunidades con estos atrasos innecesarios, humillaciones como la de la última reunión del Jurado, retrasada más de una hora mientras los representantes de las distintas comunidades esperaban en la calle, algunos a punto de marcharse de vuelta a sus casas», concluyen los comuneros, que destacan casos como el que aseguran que ocurrió en San Sebastián, en Morcín, donde se pidieron unos documentos «que habían sido extraídos recientemente del archivo por el mismo departamento que los solicitó». Los vecinos piden al consejero, Alejandro Calvo, que «enderece» la situación y amenazan con acudir al Defensor del Pueblo y a los tribunales.