El juez obliga al alcalde de Somiedo a informar a la oposición sobre el sueldo del secretario

El PP destaca que la sentencia constata que la Alcaldía vulneró el derecho constitucional de la oposición al acceso a la información, «pisotea nuestro derecho a la participación política en igualdad de condiciones»

Redacción/Grado

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Oviedo ha dado la razón al PP de Somiedo, y obliga al alcalde, Belarmino Fernández Fervienza, a facilitarles información detallada sobre las retribuciones del secretario interventor. La sentencia considera que la documentación que facilitó al PP sobre este extremo era genérica e incompleta, ya que se limitó a indicar que la información constaba en la liquidación presupuestaria y a facilitar una copia de los estatutos que rigen la agrupación de la secretaría-intervención de los concejos de Somiedo y Belmonte de Miranda. Los concejales populares Josefina Álvarez y José Antonio Berdasco habían pedido información detallada sobre las retribuciones del alto funcionario porque habían detectado discrepancias entre la información presupuestaria y la liquidación, que querían aclarar.

«Desde el Grupo Municipal Popular simplemente queremos dejar constancia que esta conducta caciquil de no entregarnos documentación nos tiene acostumbrados, e implica, conforme a la sentencia, una vulneración del derecho constitucional a la participación política de los concejales
de la oposición. El Alcalde, haciendo uso de sus atribuciones y del rodillo que le otorga la mayoría absoluta pisotea uno de los valores más esenciales de nuestra democracia, como es el derecho a la participación política en igualdad de condiciones. Desde el Partido Popular, no estamos dispuestos a seguir tolerando estas actitudes dictatoriales que persiguen anular a una oposición que simplemente pretende realizar, pensando en el interés general, la mejor labor posible para nuestro municipio”, señala Josefina Álvarez. “Seguiremos exigiendo transparencia,
porque uno de los municipios de Asturias con mayor presión fiscal, lo que exige es un mayor control de los fondos públicos que gestiona”, concluye.