El consejero afirma en la Junta, en respuesta a Podemos, que condena la irregularidad cometida por la empresa y pide que la compense haciendo fijos o fijos discontinuos a los 152 afectados

Redacción/Trubia

El consejero de Industria, Enrique Fernández, condenó la contratación de trabajadores a través de una ETT para puestos de trabajo «estructurales» y expuestos a riesgos laborales en la fábrica de armas de Trubia, en respuesta a una pregunta planteada por Podemos. Fernández recriminó a la empresa que hiciera «trampas» en la contratación y aseguró que el Ejecutivo asturiano está «muy pendiente» de la situación laboral en la factoría trubieca, donde «a raíz de un informe realizado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tras una denuncia presentada por una organización sindical» se constató la existencia de riesgos laborales que no están permitidos para este tipo de contratos temporales. «A raíz de esta de este informe que señalaba esta irregularidad la empresa ha optado por prescindir de estos trabajadores que estaban contratados en la modalidad temporal, lo cual es un hecho que lamentamos profundamente porque estamos hablando de 152 personas», resumió el consejero, que incidió en que se trata de «plantear cuál va a ser el futuro de estos trabajadores que obviamente si estaban haciendo labores que son estructurales y continuan siendo necesarias en la compañía deberían tener un contrato estructural o continuo, es decir, indefinido o fijo discontinuo. La nueva reforma laboral precisamente lo que pretende es evitar el uso y el abuso de estas modalidades de contratación que disfracen de temporal una relación indefinida». En el caso de Trubia, añadió el consejero, «la empresa ha cometido una irregularidad por tanto en la medida en que se demuestre que se estaba haciendo mal no hay defensa posible sino una condena de esta actitud y sobre todo un propósito de enmienda que sea una compensación a estos trabajadores, una contratación fija o fija discontinua que pueda dar una tranquilidad a estos trabajadores», aseguró el consejero.

El diputado de Podemos, Daniel Mari Ripa, se mostró muy duro con la actitud de la empresa, cuestionando que pese a tener importantes contratos públicos, tenga la mitad de su plantilla contratada con carácter temporal, un porcentaje que se eleva al 80% en los talleres de soldadura y armado, donde se daban los riesgos de exposición a agentes cancerígenos que fueron denunciados por CSI. «Es una empresa que desde 2009 tiene a personal temporal expuesto a estos riesgos y cuando Inspección de Trabajo detecta la irregularidad, lo que hace es ponerlos en la calle. Una empresa, recordemos, que según el Tribunal de Cuentas recibió la fábrica de armas casi como un regalo en el proceso de privatización y que ha estado 13 años exponiendo a trabajadores temporales a riesgos no permitidos por la ley».

Enrique Fernández replicó que el Gobierno asturiano «ni ampara ni justifica» la actuación de Santa Bárbara, pero añadió que «debemos respetar la autonomía de la empresa, siempre dentro del marco de la legalidad». E insistió en que el contrato del 8×8 otorgado por el Ministerio de Defensa sigue siendo una buena noticia para el empleo en Asturias y en Trubia, aunque «evidentemente defendemos que el empleo que se cree sea de calidad».