Tras numerosos intentos para encontrar una solución amistosa, desde reuniones en el Ayuntamiento hasta escritos presentados en el registro general, no hemos tenido más alternativa que acudir a los tribunales de justicia para reclamar el legítimo derecho que nos asiste como Parroquia Rural y, por tanto, como entidad local a percibir la parte proporcional de la cuantía del canon cinegético que anualmente abona el Principado de Asturias al Ayuntamiento de Teverga.
La explicación es sencilla.
Los concejos donde se ubiquen las reservas regionales de caza perciben un canon de compensación por las limitaciones establecidas en razón del régimen cinegético y de las servidumbres que tal régimen genera.
La cuantía del canon se calcula en función de la superficie del cada concejo y de su riqueza cinegética.
Es indudable que en aquellos concejos donde se ubican parroquia rurales, parte de esa superficie es propiedad de estas últimas, por lo que en virtud del principio de equidad, deben percibir la parte proporcional de la cuantía de ese canon en razón de los dos factores señalados: superficie y riqueza cinegética.
Esto es así de simple, de elemental, en suma, de sentido común.
A pesar de ello, la alaldesa de Teverga se venía negando sistemáticamente a reconocer esta clara realidad.
Ante esta actitud, que estaba generando evidentes perjuicios a la parroquia de Páramo, como presidente de la entidad, me vi en la imperiosa necesidad de acudir al auxilio de los tribunales presentando la correspondiente demanda.
Como era de esperar, el juzgado de lo Contencioso/ Administrativo Nº 4 de Oviedo, en sentencia de 30 de junio de 2022, estima el recurso presentado y condena al Ayuntamiento de Teverga a pagar las cantidades que proporcionalmente corresponden a los últimos cuatro años, más los correspondientes intereses y a seguir abonando dichas cantidades en los ejercicios sucesivos en tanto el Ayuntamiento siga percibiendo el canon cinegético.
En fin, esta sentencia y sus antecedentes, evidencian la necesidad de que desde la política se propicie el diálogo y el acuerdo en cuestiones tan evidentes como la que nos ocupa y se evite la intervención de los tribunales por la mala imagen y los gastos que de ello se derivan.
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