Redacción/ Grau
El Ayuntamiento de Grado ha requerido a los vecinos de Castañedo desalojados de su vivienda que retiren la roca que amenaza a la casa. En caso contrario, lo hará el propio concejo y les pasará los gastos, ya que la piedra que está dando problemas está en la parcela privada. «La piedra que pone la vivienda en peligro esta dentro de la misma propiedad que la casa, por lo que deberían ser los propios dueños quienes la retiraran», señala el equipo de gobierno municipal. «Si a un vecino le cae el alero de la casa debe de ser el propio vecino quien lo repare, es un gasto privado y no le corresponde a la administración pública que además cometería una ilegalidad si lo reparase con medios públicos», pone como ejemplo el equipo de gobierno, que destaca que «a pesar de estar en un terreno privado, desde el Ayuntamiento se actúa para garantizar la seguridad de las personas. El primer día la policía al acudir al lugar de los hechos y trasladarles el 112 la peligrosidad de la situación, le trasladan verbalmente que deben de salir de la casa para evitar riesgos y les preguntan si tienen ingresos o de lo contrario el Ayuntamiento les buscaría una solución. Ellos les contestan que los dos tienen ingresos y que sin una orden por escrito no van a salir de la vivienda, en el comunicado en el que se les indica que por su seguridad deben abandonar su domicilio se les remite de todas formas a Servicios Sociales y ellos rehusan inicialmente. Se comunica también a la dirección regional de Carreteras la situación, por correr riesgo de caer la piedra a la propia vía de titularidad del Principado y no del Ayuntamiento. «El pasado día 10 acudió un técnico del Principado pero todavía no tenemos contestación escrita sobre la situación mencionada», enumera la concejala Marta Pravia. Según el relato que hace el equipo de gobierno, unos días después los afectados se pusieron en contacto con los Servicios Sociales, que les ofrecieron alternativas de alojamiento temporal, que en principio no aceptaron aunque finalmente optaron por el albergue municipal. «Tras aclarar totalmente la responsabilidad y la propiedad sobre el terreno que ocasiona el peligro desde el Ayuntamiento se les comunica la obligatoriedad de los propietarios privados de quitar el riesgo existente y les da un plazo para subsanarlo. De no realizarlo los propietarios el Ayuntamiento intervendrá de manera subsidiaria para evitar el riesgo y trasladará los costes a la propiedad», concluye la concejala.
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