Redacción/ Grau
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica celebrará mañana a las 12,00 del mediodía un acto público en la fosa de El Rellán, en Grau, con familiares de desaparecidos que creen que podrían estar enterrados en la finca, que fue adquirida hace unos años por el Ayuntamiento precisamente para impulsar la exhumación del enterramiento ilegal de represaliados del franquismo. El acto está previsto para las 12 de la mañana, aunque ya han visitado el lugar descendientes de víctimas, como María Luisa Flórez, de 97 años, que tiene desaparecido a su padre, Castor Flórez, y espera que pueda hallarse entre las personas que han sido halladas en el enterramiento.
En la exhumación, que la pasada semana sufrió el robo de parte de su material y los toldos que cubrían la fosa, los voluntarios han hallado más objetos personales, que se suman a los encontrados en la anterior campaña: han desenterrado unos gemelos y una estilográfica, restos de la vida cotidiana de las personas que fueron asesinadas y enterradas en la finca.
En total, son ya 61 los cuerpos exhumados en la finca, localizados en ocho fosas. En esta última campaña, tras el derribo de las últimas naves de la antigua granja de cerdos levantada sobre los enterramientos, se han localizado los restos de 24 personas.
Los voluntarios de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que han sido recientemente galardonados con el premio Moscón de Oro 2023 por su trabajo voluntario por la dignidad y los derechos humanos, destacan el efecto que tuvo sobre los trabajos el robo del material y los toldos. «Lo del robo de los toldos y la herramienta realmente nos ha hecho bastante daño por las condiciones climáticas de estos días porque hace nuestro trabajo mucho más fácil, ante las gotas de lluvia y ante este calor de media tormenta pero lo peor es la impunidad de haber paseado sobre dos fosas de víctimas de la represión franquista y que esto no tenga consecuencias. Y no tiene consecuencias porque esta fosa podía estar perfectamente judicializada y tutelada por el Estado, y el Juzgado de Grado decidió que no fuera así», lamentan.
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