El PP hace frente común con las organizaciones agrarias para aumentar los pagos por daños

Álvaro Queipo y Luis Venta presentaron ayer su propuesta de ley de Medio Rural, que incluye que las indemnizaciones se abonen en un máximo de 30 días e incluyan el lucro cesante

Redacción/ Grau

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, presentó ayer a proposición de ley sobre el Medio Rural que el PP defenderá en la Junta General, y que pretende «garantizar unas indemnizaciones justas y rápidas a los ganaderos por los daños causados por la fauna salvaje, evitando rechazos y cuantías insuficientes», según defiende el PP. Entre las medidas que plantea está que los pagos se hagan en un máximo de 30 días e incluyan el lucro cesante.

Álvaro Queipo, junto al diputado regional y portavoz de Medio Rural, Luis Venta, explicó a los representantes de las asociaciones agrarias y ganaderas de la región el contenido de la propuesta de ley, una iniciativa que consideran pionera en España que incluye novedades “para dar certidumbre legal a los que sufren los daños, garantizar plazos de los pagos y contemplar, por primera vez, el lucro cesante”, es decir, las ganancias e ingresos que se dejan de obtener por los ataques.

Álvaro Queipo y los responsables de las asociaciones Asturias Ganadera, Asaja Asturias, URA, Coag Asturias y Usaga firmaron un manifiesto en que se recogen las medidas incluidas en la proposición de ley popular, y se muestra el compromiso de defender a los habitantes del medio rural asturiano. Manifiesto que cuenta también con el apoyo de UCA, que no pudo acudir a la reunión.

El presidente popular destacó que otro de los objetivos de la futura ley, que espera que el resto de los grupos negocien y apoyen finalmente, es aliviar la crítica situación que sufren los ganaderos, al negarse el Gobierno central a retirar al lobo del listado de especies protegidas.

En este sentido, recordó que los socialistas llevan casi seis meses bloqueando en el Congreso la tramitación final de la proposición de ley del PP para rebajar la sobreprotección del lobo. “Aunque ahora es inevitable la presencia de daños, al menos que se garanticen a los ganaderos indemnizaciones sin retrasos y en la cuantía necesaria”, subrayó.

Queipo explicó que los datos más recientes hablan de que hay 1.288 expedientes por daños del lobo sin pagar, de los que más de 300 llevan más de dos años en la mesa de algún funcionario, y más de 400 llevan más de un año.

El presidente destacó que, en la ley que propone el PP, el plazo máximo para que la Administración del Principado dicte una resolución de indemnización sería de 30 días hábiles desde la comunicación del daño producido, y el pago efectivo se debería realizar en los 20 días hábiles desde que se dicte la resolución. En ambos casos, con intereses de demora si se exceden los plazos.

Asimismo, se contempla el concepto de daños reiterados a un mismo perjudicado, es decir, los producidos por una misma especie en una misma parcela u otras que disten menos de 250 metros, de forma repetida durante seis meses. El titular tendrá derecho en ese caso a exigir medidas de protección, como cierres o extracciones de ejemplares.

Otro de los propósitos de la iniciativa es articular un sistema ágil de recepción de comunicaciones, con la verificación del daño en un máximo de dos días y, si se incumple el plazo, resolución estimatoria. 

Si no hay condiciones para esta resolución inmediata, se fija un máximo de cinco días desde la inspección para notificar al perjudicado un informe motivado, y el afectado podrá aportar su propio informe pericial que tendrá el mismo valor probatorio.

Además, si existen pruebas gráficas suficientes para determinar la causa, se reconocerá el daño y el importe de al menos el 90 por ciento del valor señalado. Y si se detecta algún fraude, se estará cuatro años sin derechos a indemnización.

Asimismo, hay un apartado en la proposición referido a los animales domésticos no productivos, en el que no se incluye el lucro cesante, se prevé que el Principado compense a las sociedades de cazadores que gestionan cotos regionales en el equivalente al 20 por ciento de las indemnizaciones realizadas si cumplen el plan de caza aprobado y ya han abonado las indemnizaciones a los perjudicados.

Álvaro Queipo indicó también que hay un daño que no se puede indemnizar, “el daño emocional del ganadero y el agricultor cuando ven sus cultivos perdidos y sus animales muertos, y que la Administración tiene que tener en cuenta”.

“El futuro de Asturias se juega aquí también, para favorecer la actividad ganadera, dar futuro al sector primario y poner a la Administración al servicio de los ciudadanos”, remarcó, a la vez que pidió “altura de miras” al PSOE para apoyar una ley que “no va contra nadie, sino a favor de muchas cosas, porque no hay un ápice de ideología, más allá que el amor por nuestra tierra.