«Perdimos las minas, nos cerraron la térmica y solo nos queda la ganadería, vamos a luchar y esperamos que el Principado recapacite», declara la alcaldesa, Montserrat Fernández

Redacción/ Grau

En un salón de Plenos con ganaderos entre el público y mucha preocupación, el equipo de gobierno de Tineo (PP-VOX) anunció hoy que iniciarán una recogida de firmas, tanto en el municipio como en concejos vecinos, para pedir al Principado «que recapacite» y atenúe las medidas de control de la tuberculosis bovina que ha decretado para el concejo. En concreto, se pedirán tres medidas que se aplique la segunda prueba de tuberculina comparada a las ganaderías con reses positivas o reactivas; que se paguen las indemnizaciones por res sacrificada en 30 días desde el sacrificio, y que se actualicen los baremos a precios de mercado que incluyan la edad y el valor genético del animal. Así lo anunció hoy la alcaldesa, Montserrat Fernández, en una comparecencia pública en la que valoró muy negativamente el Pleno extraordinario celebrado ayer en la Junta General del Principado. «A los ganaderos y a los tinetenses nos tratan de forma despectiva, se nos está condenando por unos datos que consideramos que no son fiables. No voy a decir lo que pienso, creo que todo el mundo lo tiene claro, pero el enfrentamiento ahora no os lleva a ningún sitio. Lo que vamos a hacer es iniciar una recogida de firmas para intentar que el Principado recapacite, porque se está aplicando el máximo de medidas legales en Tineo, y no sabemos por qué. Este es el primer paso, y si así no llegamos a ningún lado continuaremos con movilizaciones. Se terminó con las minas, se terminó con la térmica y ahora lo que nos queda es la ganadería, y la vamos a defender», concluyó la regidora tinetense, que culpó al Principado de haber llegado a una situación «en la que se deja sin control a la fauna salvaje y se aprieta al ganadero».

El teniente alcalde, Sergio Martínez (VOX), acusó por su parte al Gobierno regional de adoptar decisiones «por motivos políticos, no técnicos». «Nos quieren hacer creer que el protocolo que aplican es igual para toda España, pero en otros territorios no se aplica por concejo, si no por explotación, se endurecen las medidas en explotaciones concretas que cumplen con los cuatro requisitos para suprimir el protocolo de flexibilización».