El Principado deberá pagar más de 83.000 euros a la vecina de Cangas que fue atacada por un oso

La afectada, Carmen Suárez Cabezas, y su representante legal, el abogado Juan Ramón Campo, denuncian la falta de colaboración del Gobierno regional en todo el procedimiento, «valemos menos que el ganado»

Redacción/ Grau

El Principado de Asturias deberá pagar 83.600 euros de indemnización a Carmen Suárez Cabezas, la vecina de Sonande, en Cangas del Narcea, que en 2021 fue víctima del ataque de un oso. La afectada y su abogado, Juan Ramón Campo, ofrecieron ayer una rueda de prensa en la que denunciaron el «calvario» que ha supuesto la reclamación de los daños. Una indemnización de 83.700 euros no puede servir para tapar la actitud de una Administración para la que las personas valemos menos que el ganado», denuncian. Y es que según el relato de la víctima, que sufrió el ataque en mayo de 2021, desde el primer momento se les impidió el acceso a los expedientes, de forma que tuvieron que presentar reclamaciones acogiéndose a la normativa de Transparencia y Buen Gobierno para tener acceso a la documentación. «Desde el momento del ataque y en cuanto la recuperación más inmediata de Carmen lo permitió, en fecha 2 de septiembre de 2021, fueron solicitados tanto al servicio de Emergencias del Principado de Asturias, dependiente de la Consejería de Presidencia, como a la por aquél entonces Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, la totalidad de los documentos e informes correspondientes al ataque del oso a Carmen Suárez Cabezas que había tenido lugar el 30 de mayo de 2021 y que no obtuvieron ningún tipo de respuesta por parte de las Consejerías correspondientes, y que obligaron a Carmen a acudir, en fecha 15 de diciembre de 2021, al Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno que dio cumplida respuesta a los mismos mediante sendas resoluciones de fecha 9 de mayo de 2022 que requerían a las Consejerías para que facilitasen a la damnificada toda la información relativa al ataque que la misma había sufrido. Ante la absoluta falta de respuesta por parte de la Administración asturiana, el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno reiteró la petición en fecha 22 de junio de 2022, resultando finalmente que el Principado de Asturias respondió en fecha 5 de marzo de 2023, concediendo únicamente un exiguo acceso parcial a la documentación», denuncia el despacho de abogados.

Una vez conocida la documentación, la afectada presentó una reclamación patrimonial por daños, «la cual no obtuvo respuesta alguna y fue objeto en consecuencia de interposición del correspondiente recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, contra su desestimación presunta, en fecha 15 de febrero de 2023, resultando misteriosamente que, en fecha 29 de marzo de 2023, Doña Carmen, que ya había interpuesto las acciones judiciales señaladas, obtuvo respuesta mediante la  Resolución de 9 de marzo de 2023 del Consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial titulada “RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE CARRETERAS Y PUERTOS” rechazando la responsabilidad patrimonial de la administración en base a argumentos tan absurdos como que era algo imprevisible, que en la reclamación no se señalaba el punto kilométrico en que se había producido el ataque y que por tanto el Principado no era responsable a pesar de ser titular en materia de carreteras porque dicho servicio no había funcionado mal de ningún modo», enumeran los abogados.

La afectada y sus representantes destacan que el Principado argumentó ante el tribunal que no correspondía pagar ningún tipo de indemnización por daño, ya que éstos pagos derivados de la protección del oso pardo sólo corresponden a particulares o empresas que ven limitada su actividad por la protección de la especie, lo que sí ocurre por ejemplo con las ganaderías y otras actividades económicas, que no pueden adoptar sus propias medidas de protección porque la especie está protegida, pero no con las personas, que no ven limitados sus movimientos, argumentando literalmente que «la obligación -excepcional- de indemnizar los daños causados por la fauna silvestre surge de los sacrificios o limitaciones impuestos a los particulares por la normativa de protección de tales especies, cuando ello les impide adoptar sus propias medidas de protección, y no del mero hecho de la constatación del daño«.

«Durante el transcurso del procedimiento, Doña Carmen hubo de soportar respuestas escritas de miembros de la patrulla Oso del Principado de Asturias en las que afirmaban que no resultaba previsible encontrarse con un oso en la zona de Cangas del Narcea, que podía uno defenderse de su ataque de diferentes formas. Durante el transcurso del pleito, en fecha 4 de junio de 2024 declararon Manuel José Pérez Lorido y Alfonso Rodríguez Menéndez, los dos vecinos que presenciaron la agresión del oso a Carmen y a los que tanto ésta como su familia están profundamente agradecidos por su defensa de la verdad», añaden los representantes de la víctima, a la que finalmente una sentencia dictada el pasado 7 de abril le da la razón. La sentencia considera «paradójico» que se indemnicen los daños al ganado y no los sufridos por las personas, y destaca que precisamente la protección al oso es lo que hace aumentar el número de ejemplares, y consiguientemente el peligro.