El Gobierno asturiano aprueba el Estatuto de las Mujeres del Campo

La norma, que se presentará como proyecto de ley a la Junta General, pretende garantizar la igualdad de oportunidades en las zonas rurales

Redacción/ Grau

El Gobierno de Asturias ha aprobado hoy el Estatuto de las Mujeres Rurales, una norma que se tramitará como proyecto de ley en la Junta General y que persigue impulsar la igualdad de género y eliminar las barreras que limitan el acceso de las mujeres que viven en el campo a la formación, el empleo, el ocio, la cultura y el deporte. El Estatuto de las Mujeres Rurales se enmarca en la Ley de Impulso Demográfico y el Gobierno autonómico considera que «constituye un paso clave hacia la consolidación de un entorno rural más justo».

«Las mujeres de las áreas rurales se enfrentan a la falta de oportunidades en un ámbito masculinizado, con población envejecida y en muchos casos dependiente, en el que con frecuencia se ven obligadas a cubrir todas las demandas familiares de cuidados. Mientras estas condiciones persistan, difícilmente disminuirá el abandono del campo por parte de las mujeres», señala el Principado, que pretende con esta norma mejorar sus condiciones de vida, un factor clave en la lucha contra el despoblamiento.

“Esta ley también persigue reconocer el trabajo de las mujeres en el medio rural, promover su reconocimiento profesional y facilitar su acceso a la titularidad de explotaciones y empresas”, ha subrayado el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos.

La nueva legislación garantiza la aplicación de la perspectiva de género en las políticas y medidas orientadas a los sectores agrícola, ganadero y pesquero, así como a las actividades de desarrollo rural. También establece mecanismos para prevenir la violencia de género más allá del ámbito urbano. Entre las medidas que se propone, está el lanzamiento de campañas para superar estereotipos y transmitir la realidad de las mujeres del medio rural. También se favorecerá su progresiva incorporación a los órganos de gobierno de las organizaciones profesionales y les dará prioridad en las convocatorias de ayudas, siempre que la normativa europea lo permita. La Administración también promoverá la carrera profesional y el acceso a puestos directivos de las mujeres rurales, que también constituirán un grupo prioritario en los planes de formación para el empleo. El Ejecutivo apoyará la creación de empresas de economía social, el acceso de las mujeres a la titularidad de las explotaciones agrarias, el trabajo autónomo femenino y la profesionalización de actividades artesanales. Respecto a la conciliación, el Ejecutivo convocará ayudas para favorecer la conciliación y la corresponsabilidad, al tiempo que dedicará recursos para los cuidados de menores, mayores y personas con discapacidad. Igualmente, se articularán medidas para que las desigualdades de género no impidan el acceso al crédito de las mujeres.