Redacción/ Grau
La portavoz del Partido Popular de Belmonte, Carmen Martínez, denunció ayer “la denegación obstinada, continuada y reiterada” de las solicitudes de acceso a la información a la que tiene sometida al grupo municipal el alcalde socialista de Belmonte de Miranda. A su juicio, “en este Ayuntamiento se coarta sistemáticamente la libertad para el trabajo de fiscalización al Gobierno local de los grupos políticos en la Oposición”.
Martínez solicitó el 14 de agosto de 2025 “los expedientes relacionados con la cuenta 413, que recoge las obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos por una cuantía de 1.075.287 euros” relativa al cuarto trimestre de 2023 y a la liquidación de ese mismo año y que no se encontraban en el documento presupuestario municipal. Asimismo, pidió también por registro “todos los expedientes relacionados con la cuenta 413” que tampoco incluían en el Presupuesto de 2024 y que ascendían a la cuantía de 1.670.085 euros.
La portavoz popular añade que “para responder a la solicitud de expedientes y que la tramitación fuera acorde a la legalidad, habría de resolverse la petición en los siguientes cinco días naturales. Sin embargo, «no fue así”. Y tal como expresa Martínez, “el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF) recoge que la petición de acceso a las informaciones se entenderá concedida por silencio administrativo en caso de que el Presidente o la Comisión de Gobierno no dicten resolución o acuerdo denegatorio en el término de cinco días, a contar desde la fecha de solicitud”.
Así las cosas, subraya la edil “habiendo transcurrido el período legal fijado para motivar la respuesta a la solicitud me personé a consultar la documentación solicitada el 25 de agosto de 2025, pero no fue posible y me encontré con el acceso denegado a los expedientes”. No obstante, explica “al día siguiente volvimos a las dependencias municipales con el objeto nuevamente de consultar la documentación solicitada que, igual que el día anterior, nos fue denegada”.
La situación, denuncia la edil, “choca de forma frontal con el trabajo de los concejales, llamados a fiscalizar con todos los medios legalmente establecidos el trabajo del Gobierno, máxime si hablamos de dinero público. Lo que sucede en el Ayuntamiento de Belmonte de Miranda, con un edil socialista a la cabeza, va en contra del derecho fundamental de los concejales de la oposición, recogido en la Constitución”.
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