Inflación española al alza: urgencias reales frente a cifras maquinales

La inflación en España ha experimentado un sorprendente repunte que no puede pasar desapercibido. En julio de 2025, el Índice de Precios de Consumo se elevó del 2,3 % al 2,7 %, distanciándose nuevamente del objetivo del Banco Central Europeo (BCE), mientras que la media de la eurozona se sitúa en torno al 2 %. Esta diferencia de siete décimas refleja un problema de fondo que no solo habla de números, sino de la vida cotidiana de miles de ciudadanos que sienten cada semana cómo sus ingresos rinden menos. Mientras Bruselas celebra la moderación en los precios, España se enfrenta a una dinámica peligrosa que erosiona el poder adquisitivo y agrava la desigualdad.

El caso español es particular porque muestra un ritmo más acelerado que sus vecinos. Mientras la eurozona consigue estabilizar la inflación, España parece escapar del control. La escalada de precios se concentra especialmente en los alimentos frescos y en la energía, dos sectores que impactan con fuerza en el bolsillo de los hogares. No es lo mismo un repunte en artículos de lujo que en la cesta básica; por eso, cada décima adicional de inflación en España no tiene la misma traducción que en otros países. Aquí significa más tensión en el supermercado, más recortes en el consumo, más sacrificios silenciosos.

El BCE, por su parte, mantiene un discurso prudente. Christine Lagarde ha repetido que la política monetaria debe seguir siendo restrictiva para evitar una espiral de precios. Y las advertencias son claras. Isabel Schnabel, del comité ejecutivo del BCE, lo dijo en una entrevista: “Sigo creyendo que los aranceles son, en términos netos, inflacionistas”. Esta cita textual resume la preocupación de las autoridades: cualquier movimiento en falso, ya sea una bajada de tipos prematura o una relajación fiscal desmedida, puede encender la mecha de la inflación. Pero esa cautela, aunque necesaria, genera una paradoja: mantener altos los tipos de interés frena el crédito, desincentiva la inversión y estrangula a las pequeñas empresas, que son precisamente las que sostienen el empleo en España.

La gran pregunta es: ¿cómo equilibrar la ortodoxia monetaria con la urgencia social? Porque no se trata únicamente de un indicador económico, sino de la calidad de vida de millones de personas. Una inflación del 2,7 % puede sonar moderada en comparación con los picos del pasado reciente, pero cuando los salarios no suben en la misma proporción, la pérdida de poder adquisitivo se acumula. Una familia de clase media siente cómo su presupuesto para alimentos, transporte y energía se achica mes a mes. Y quienes ya estaban en situación vulnerable ven cómo sus posibilidades de consumo se reducen a lo mínimo indispensable.

España necesita un plan propio que combine medidas inmediatas de alivio con reformas estructurales a largo plazo. Una reducción temporal del IVA en alimentos básicos puede amortiguar el golpe. Incentivos al transporte público y a las energías renovables aliviarían la factura energética. Y programas de apoyo a la producción local podrían contener el alza de precios agrícolas, reduciendo la dependencia de importaciones sujetas a la volatilidad internacional. La inflación no es solo un fenómeno monetario: también refleja la fragilidad de un modelo económico dependiente y desequilibrado.

En medio de este debate sobre precios y poder adquisitivo, es importante no desviar la atención hacia medidas accesorias que, lejos de aportar soluciones, pueden generar mayor confusión. Un ejemplo es el sistema Nutri-Score, que en ocasiones se ha planteado como referente de política alimentaria, pero que nunca llegó a aplicarse en España y, a la luz de la evidencia, debería descartarse como herramienta útil. Aunque su objetivo declarado es orientar al consumidor sobre la calidad nutricional de los productos, en la práctica ha demostrado efectos contraproducentes: penaliza alimentos clave de la dieta mediterránea, como el aceite de oliva o el jamón ibérico, clasificándolos con códigos de color que inducen a pensar que son poco recomendables. En un contexto de inflación alimentaria, este tipo de etiquetados simplistas no solo distorsionan la percepción ciudadana, sino que pueden alterar la demanda y, con ello, influir negativamente en los precios. La lección es clara: cuando se diseñan políticas desde la abstracción, sin atender a la realidad social y económica del país, las consecuencias terminan siendo injustas y regresivas.

Volviendo a la inflación, lo preocupante es la persistencia. Que España se aleje del objetivo del 2 % no es un hecho aislado, sino una señal de que algo en la estructura interna está fallando. La dependencia energética, la vulnerabilidad agrícola frente a sequías y fenómenos climáticos, y la rigidez de los mercados laborales son factores que explican por qué los precios no ceden al mismo ritmo que en otros países. Es necesario actuar sobre estas causas de fondo. De lo contrario, cada repunte coyuntural se convertirá en una amenaza crónica.

Además, hay un problema de expectativas. Si empresas y trabajadores creen que la inflación seguirá por encima del 2 %, se anticiparán subiendo precios y pidiendo aumentos salariales.

Ese círculo vicioso puede desestabilizar la economía más rápido que cualquier shock externo. Por eso, las autoridades deben enviar un mensaje claro: hay compromiso con la estabilidad, pero también sensibilidad hacia la situación social. De lo contrario, la gente perderá confianza en las instituciones y aumentará la sensación de abandono.

La inflación, en definitiva, es un fenómeno que no se puede tratar con indiferencia. No son solo cifras, son vidas. Cada décima de más es un recorte en el bienestar de las familias, una amenaza para la competitividad de las empresas y un desafío para el futuro de la economía española. La distancia con la eurozona muestra que España no puede conformarse con seguir la corriente: necesita políticas adaptadas a su realidad. De lo contrario, se perpetuará la brecha y se agravará la sensación de que siempre somos los rezagados de Europa.

En conclusión, España se enfrenta a una inflación que, aunque moderada en términos históricos, resulta insoportable para el ciudadano común. La subida al 2,7 % marca una distancia peligrosa con la eurozona y evidencia debilidades estructurales que requieren atención inmediata. La cita de Schnabel confirma que bajar tipos ahora sería imprudente, pero esa prudencia no puede traducirse en parálisis política. El gobierno debe actuar con medidas de alivio social y reformas de fondo. Incluso ejemplos como el Nutri-Score nos recuerdan cómo decisiones aparentemente menores pueden alterar la vida cotidiana de los ciudadanos. En tiempos de inflación, lo esencial es gobernar con realismo y responsabilidad: solo así la economía estará verdaderamente al servicio de la sociedad.