El organismo asturiano de fiscalización pide al Gobierno regional que suspenda las subvenciones y la financiación del Fondo de Cooperación a las entidades locales que no presenten su contabilidad

Redacción/ Grau

Ocho ayuntamientos de la comarca no presentaron sus cuentas de 2024 a la Sindicatura de Cuentas, organismo asturiano que se ocupa de la fiscalización oficial de la gestión económica del sector público. Finalizado el plazo de presentación de la documentación, la Sindicatura ha hecho público el balance de rendición de cuentas de las entidades locales asturianas, un sector integrado por los 78 ayuntamientos, las parroquias rurales y las Mancomunidades. En la comarca, son ocho los concejos que no han presentado en plazo sus cuentas de 2024: Belmonte de Miranda, Cangas del Narcea, Grado, Quirós, Santo Adriano, Somiedo, Tineo y Yernes y Tameza. El resto (Candamo, Las Regueras, Proaza, Teverga, y Salas) sí presentaron la documentación. En Asturias, de los 78 concejos han rendido cuentas 51. En cuanto a las mancomunidades, son las entidades con menor nivel de rendición de cuentas, ya que muchas están en disolución, como la de los Valles del Oso, que no presentó su contabilidad. Tampoco la de Yernes y Tameza y Grado. Todas las parroquias rurales cumplieron con el organismo de fiscalización.

«La Sindicatura de Cuentas insiste en su recomendación al Gobierno del Principado de Asturias  para que la concesión de subvenciones a las entidades locales, así como la percepción de las  transferencias del Fondo de Cooperación Municipal, queden condicionadas al cumplimiento del  deber de rendición de las cuentas anuales. Las comunidades  autónomas que ya aplican este tipo de medidas registran una mejora significativa de los niveles  de rendición de cuentas anuales a su respectivo órgano de control externo», señala el organismo.

«La rendición de cuentas es una obligación legal que tienen todas las entidades y que, además,  debe ser completada con el cumplimiento del deber de colaboración con la Sindicatura de  Cuentas ante cualquier petición de documentación. Sin perjuicio de informes específicos u otras  medidas, hay que recordar también que la Sindicatura está facultada por ley para imponer multas coercitivas cuando se incumple el deber de colaboración o cuando se pueda obstruir la  función fiscalizadora», concluye.