El lunes, 12 de enero, se celebrará la vista oral por el cierre del gastrobar moscón, que contaba con todos los permisos pero fue clausurado por orden judicial tras la denuncia de un vecino

Redacción/ Grau

El ‘caso Trastévere’, el gastrobar de Grado cerrado por orden judicial tras la denuncia de un vecino, pese a que contaba con todos los permisos, llega a juicio. La vista oral está prevista para el próximo lunes, 12 de enero, y el empresaro afectado, Bernardo Álvarez, reclama una indemnización de 1,2 millones de euros al Ayuntamiento, tanto por las pérdidas que le ocasionó el cierre de su negocio como por daños y perjuicios.

El Consejo Consultivo del Principado de Asturias cifró la pasada primavera en 150.000 euros la responsabilidad patrimonial que tendría que asumir la Administración por el cierre del gastrobar Trastévere, en Grau. Se trata de un caso de sobra conocido en el concejo que alcanzó mucha repercusión porque el hostelero afectado se ‘crucificó’ en el mercado moscón como acto de protesta. Según el dictamen del Consejo Consultivo la responsabilidad por el cierre del negocio (denunciado por un vecino) fue en un 70 por ciento del Ayuntamiento, que otorgó la licencia sin garantía de legalidad, y en un 30 por ciento del Principado, que avaló con sus informes la autorización. El empresario, sin embargo, pretende recuperar todo lo que había invertido en la puesta en marcha del negocio, para el que rehabilitó un antiguo almacén en desuso en el casco viejo moscón, más los daños morales que le causó todo el proceso. Los tribunales tienen ahora la última palabra.