Clientes, expertos de la Universidad de Oviedo y peritos citados por el empresario moscón defienden que el negocio iba bien y cumplía con todos los requisitos del Principado y el Ayuntamiento

Redacción/ Grau

El juicio por el cierre del Trastévere quedó este lunes a expensas de las conclusiones finales, tras la declaración de una batería de testigos. La representación legal del empresario Bernardo Álvarez citó a clientes, peritos y expertos para apuntalar su demanda, que reclama al Ayuntamiento moscón 1,2 millones de euros por el cierre del gastrobar por orden judicial tras la denuncia de un vecino. En el Juzgado Contencioso Administrativo número 6 de Oviedo tres clientes certificaron ante la juez que el establecimiento hostelero era «un referente» y tenía un gran volumen de clientela. El arquitecto que hizo la rehabilitación, Jesús María Palacio, declaró que la obra se ajustó en todo a los requerimientos de las Administraciones, tanto del servicio de Urbanismo y Licencias del Ayuntamiento como del servicio de Patrimonio y del de Medio Ambiente, que dependen del Principado. De forma que el empresario defiende que si hubo incumplimientos legales en la apertura, como así consideró el TSJA que ordenó su cierre, se debieron a un problema en la licencia municipal, no a su actuación. También declaró el asesor del empresario, que certificó que el negocio era próspero y daba beneficios, y dos profesores de la Universidad de Oviedo expertos en Economía y Contabilidad explicaron las fórmulas que se han empleado para cifrar en 1,2 millones de euros la indemnización que pide, que se basa en la inversión (que fue de cerca de medio millón de euros) y en el lucro cesante durante los cuatro años que quedaban hasta cumplir el tiempo mínimo fijado por el Leader para no reclamar la devolución de la subvención que otorgó al negocio.

La representación municipal esgrime los argumentos aceptados por el Consejo Consultivo, que estima en 150.000 euros la indemnización, que debería cubrirse en parte por las arcas municipales y en parte por la Administración regional, que también avaló la licencia que fue posteriormente tumbada por los tribunales. Entre otros argumentos, defienden que el local puede ser adaptado a otros usos, como vivienda o albergue, por lo que no procede pedir la devolución íntegra de la inversión.

El empresario afectado, Bernardo Álvarez, que no fue citado a declarar y acudió como público, defiende que dedicar el local a cualquier otro uso «supondría hacer una nueva inversión desde cero, porque todo, desde la instalación eléctrica a las escaleras interiores o los aseos, está hecho para un local de hostelería». Respecto a la indemnización que reclama, asegura que se ha ceñido al criterio de los economistas, pero «a mí no me parece mucho, yo invertí medio millón de euros para desarrollar en ese establecimiento toda mi vida laboral. Y tenía un negocio próspero que cumplía todos los requisitos legales, que lleva 57 meses cerrado. Soy un autónomo, no Florentino Pérez. A cualquiera que se lo cuentes, echa las manos a la cabeza. Este cierre me ha costado la ruina, física, económica y mental. Espero una sentencia justa». Bernardo Álvarez dio notoriedad a su caso con una singular protesta en 2023, cuando se crucificó en la calle, durante la celebración de un mercado, con la villa moscona llena de gente.