La seguridad no se relativiza

Una reflexión sobre la gestión del Auditorio de Grado a partir de documentación municipal que evidencia decisiones controvertidas en su recepción administrativa, su apertura y su utilización pública.

La reacción del equipo de gobierno de IU ante las críticas sobre la gestión del Auditorio de Grado vuelve a intentar desviar el debate hacia una confrontación política estéril. Sin embargo, lo verdaderamente relevante no es quién firma certificados técnicos, sino cómo y cuándo se tomaron decisiones políticas sobre la apertura y el uso de un edificio de pública concurrencia.

IU insiste en que el Auditorio contaba con sistemas registrados ante Industria. Nadie discute la existencia de certificaciones administrativas. Registrar una instalación no equivale a que el proceso técnico y documental esté completamente cerrado cuando un edificio se inaugura y empieza a utilizarse. La propia documentación del expediente muestra que el registro administrativo del sistema de protección contra incendios tiene fecha 24 de septiembre de 2025, posterior a la inauguración, lo que evidencia que el ciclo documental seguía desarrollándose cuando el Auditorio ya estaba en funcionamiento.

El elemento verdaderamente relevante no es técnico, sino administrativo y político. El acta de 19 de septiembre dio las obras por subsanadas, pero condicionadas a la puesta en servicio de instalaciones y equipamiento escénico, previendo además una nueva acta posterior. Sin embargo, el edificio se inauguró ese mismo día y comenzó a utilizarse con público mientras el expediente continuaba abierto y con actuaciones pendientes

La seguridad de las personas no se relativiza. Los responsables públicos no firman certificados técnicos, pero sí deciden cuándo se abre un edificio municipal y cuándo se convierte en un espacio de pública concurrencia. Y esas decisiones deben tomarse siempre desde la prudencia institucional y el rigor administrativo.

IU presume ahora de que 7.367 personas han pasado por el Auditorio desde su apertura. Lejos de cerrar el debate, esa cifra refuerza la necesidad de explicar por qué la instalación empezó a funcionar antes de que el proceso administrativo estuviera plenamente completado, como demuestra la propia cronología del expediente municipal.

Además, la gestión administrativa resulta cuanto menos discutible: un acta sin todas las firmas exigibles, informes pendientes meses después y una utilización del edificio que debilita el control del periodo de garantía. La propia respuesta municipal de enero de 2026 confirma que seguían faltando trámites y comprobaciones técnicas mientras el Auditorio ya estaba en uso.

A todo ello se suma una estrategia de propaganda institucional que ha presentado el Auditorio como símbolo de éxito político en un boletín municipal financiado con dinero público, mientras se minimizan retrasos, sobrecostes y cuestiones administrativas que constan en los expedientes. Conviene recordar también que esta obra ha sido financiada en parte por el Principado de Asturias, lo que exige un ejercicio adicional de transparencia y responsabilidad institucional hacia la ciudadanía.

El Partido Popular no busca alarmar ni descalificar el proyecto cultural que representa el Auditorio. Lo que reclama es algo mucho más sencillo: rigor en la gestión pública, respeto por los procedimientos administrativos y claridad en las decisiones políticas que afectan a miles de vecinos. Porque cuando hablamos de edificios públicos y de aforos completos, no se trata de alarmar ni de confrontar, sino de actuar con responsabilidad, guiados por la prudencia y el interés general. No hay mayor irresponsabilidad política que actuar como si la seguridad de 7.367 personas fuese secundaria.