La sección sindical en la fábrica de armas trubieca critica el acuerdo con la surcoreana Hanwha, «contamos con tecnología propia y experiencia para producir los obuses»

Redacción/ Trubia

La fábrica de armas de Trubia vuelve a situarse en el centro del debate industrial tras el acuerdo firmado entre Indra y la surcoreana Hanwha para el desarrollo de nuevos sistemas de artillería del Ejército.

La sección sindical de CCOO en la planta trubieca ha advertido de un impacto directo sobre el empleo y el tejido industrial vinculado a la factoría, gestionada por Santa Bárbara Sistemas.

Según el sindicato, la decisión de apostar por tecnología y desarrollo exterior pone en peligro más de 700 empleos directos en Asturias, además de la industria auxiliar que depende de la actividad de la fábrica.

En Trubia, Santa Bárbara mantiene cerca de 1.000 puestos de trabajo estables, lo que convierte a la planta en uno de los principales polos industriales de defensa del norte de España.

CCOO denuncia que el acuerdo deja fuera a una empresa con capacidad demostrada. La organización sostiene que Santa Bárbara cuenta con tecnología propia y experiencia suficiente para asumir el desarrollo de los nuevos sistemas sin necesidad de recurrir a socios internacionales.

En este sentido, consideran que la operación supone “una grave ofensiva” contra la industria nacional ya asentada y una decisión que responde más a criterios políticos que industriales.

El posible desplazamiento de carga de trabajo fuera de Asturias no solo afectaría al empleo directo, sino también a empresas auxiliares, proveedores y servicios vinculados a la fábrica de Trubia.

Los sindicatos alertan de que este tipo de decisiones puede debilitar el papel de la región dentro del sector de defensa, en un momento en el que se están movilizando importantes inversiones en contratos militares.

Para CCOO, lo que está en juego no es solo el empleo, sino también la soberanía industrial y tecnológica de un sector estratégico, y denuncia lo que considera una «contradicción» del Gobierno, que defiende que la apuesta por Indra beneficia la soberanía tecnológica en el sector de Defensa, pero «permite y avala que la tecnología y el desarrollo se vayan fuera de nuestras fronteras, despreciando la capacidad industrial ya existente en España».