Redacción/ Grau
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado públicamente las declaraciones realizadas por el alcalde de Belmonte de Miranda, Gilberto Alonso, en relación con una sentencia judicial favorable a una trabajadora del servicio de ayuda a domicilio del municipio.
Según el sindicato, el regidor realizó el pasado 30 de mayo una publicación en redes sociales en la que mostraba su desacuerdo con la resolución dictada por un juzgado de lo Social y cuestionaba tanto la decisión judicial como la actuación de la empleada que había presentado la reclamación.
El conflicto tiene su origen en la modificación del horario y de la ruta de trabajo de una auxiliar de ayuda a domicilio tras su reincorporación después de una baja maternal. La trabajadora reclamó mantener las condiciones laborales que venía desempeñando con anterioridad y acudió a los tribunales al no alcanzar un acuerdo con el Ayuntamiento. Finalmente, la Justicia reconoció sus pretensiones y ordenó su restitución en las condiciones horarias anteriores.
CSIF sostiene que el Ayuntamiento mantuvo durante todo el procedimiento una posición contraria a las demandas de la empleada y considera que las manifestaciones posteriores del alcalde suponen un ataque tanto a la trabajadora como al juez que resolvió el caso.
La organización sindical también aprovecha este episodio para cuestionar la política de personal desarrollada por el equipo de gobierno municipal. En este sentido, asegura que en los últimos años se han producido diversos conflictos laborales que han terminado en los tribunales y critica la gestión de los recursos humanos en el Consistorio.
Entre las cuestiones señaladas por CSIF figuran las condiciones laborales de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, un colectivo integrado mayoritariamente por mujeres. El sindicato denuncia falta de planificación en la cobertura de sustituciones y llamamientos, así como la utilización de vehículos particulares para la prestación del servicio con compensaciones económicas que considera insuficientes.
Asimismo, la central sindical asegura que durante una reciente reunión de la Mesa General de Negociación el alcalde expresó su desacuerdo con algunos derechos reconocidos a los empleados públicos y planteó la aprobación de un reglamento sobre vacaciones, permisos y licencias que finalmente no prosperó al no contar con el respaldo sindical.
CSIF considera legítimo discrepar de una sentencia judicial a través de los mecanismos legales previstos, pero rechaza las críticas dirigidas al magistrado que resolvió el procedimiento. Además, afirma que las declaraciones públicas realizadas por el alcalde han contribuido a señalar a la trabajadora en una localidad de pequeño tamaño, situación que, según el sindicato, habría derivado en críticas y comentarios hacia ella tanto en redes sociales como fuera de ellas.
Por todo ello, CSIF ha anunciado que estudia emprender acciones legales contra el alcalde de Belmonte de Miranda por las manifestaciones realizadas tras conocerse la sentencia.
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