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El Principado aumenta el presupuesto de la carretera Aguasmestas-La Pola para evitar problemas medioambientales

El estudio aborda las obras del tramo que pasa por el desfiladero de La Malva, sujeto a estrictas prescripciones ambientales al ser el hábitat de la Centaurium somedanum

La actuación, cuyo coste estimado asciende a 18 millones, incluye 14 voladizos para ensanchar y mejorar el trazado y minimizar el impacto sobre las especies protegidas

Desfiladero de La Malva, sujeto a protección

Redacción / Grau

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha adjudicado a la firma Noega Ingenieros la actualización del proyecto de ensanche y mejora de la carretera AS-227 (Samartín- Puerto de Somiedo) en el tramo que une Aguasmestas y La Pola Somiedo. El estudio supone una inversión de 128.108 euros y cuenta con un plazo de ejecución de ocho meses. El Ejecutivo avanza así en la mejora de este vial, del que ya se ha ejecutado el primer tramo, que va desde el kilómetro 11,8 hasta la glorieta de entrada a la capital somedana.

Esta revisión es necesaria para abordar la mejora de los 3,55 kilómetros que pasan por el desfiladero de La Malva, entre la localidad de Castru y el punto kilométrico 11,8, un tramo que está sujeto a estrictas prescripciones ambientales al ser hábitat de la Centaurium somedanum, una especie vegetal protegida. Movilidad ha planificado la tramitación del contrato para facilitar la ejecución de los trabajos durante los ciclos de floración y desarrollo de la planta, según lo establecido en la declaración de impacto ambiental.

La alternativa planteada para mejorar la carretera en el desfiladero de La Malva minimiza el impacto ambiental sobre las especies protegidas de flora y fauna, a la vez que permite un ensanchamiento y mejora de la calzada. El diseño previsto se resuelve con la construcción de 14 voladizos a lo largo de casi todo el recorrido, que permiten preservar la integridad de los taludes. Además, está previsto construir pasos para la fauna. El coste estimado para la actuación, pendiente de la redacción y actualización a la normativa vigente, asciende a 18 millones. El plazo de ejecución previsto se sitúa en 30 meses.

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