COAG Asturias se persona ante el TSJA en el procedimiento sobre la paralización del control del lobo

El alto tribunal asturiano debe decidir si frena el plan de abatir 67 ejemplares, tras una denuncia de Ecoloxistes n’Aición d’Asturies y el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico

Redacción/ Grau

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Asturias (COAG Asturias) se ha personado en la pieza separada de medidas cautelares abierta ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) a raíz del recurso presentado contra el nuevo programa de control del lobo del Principado. La organización agraria ha valorado como «trascendental» la diligencia de ordenación por la que el tribunal acepta formalmente su personación y le concede un plazo de diez días para formular alegaciones.

El procedimiento se inició después de que Ecoloxistes n’Aición d’Asturies y el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico recurrieran ante el TSJA la modificación del II Plan de Gestión del Lobo y el Programa de Control 2026-2027 aprobado por el Gobierno asturiano. Las organizaciones conservacionistas han solicitado además la suspensión cautelar de ambos instrumentos y de los controles letales previstos. Según explicaron al presentar el recurso, consideran que las medidas vulneran la normativa europea y los criterios establecidos por el Tribunal Supremo y cuestionan la justificación científica de las extracciones.

El recurso se produce después de una sucesión de decisiones administrativas y judiciales durante este año. El Tribunal Supremo anuló en febrero el programa de control del lobo asturiano correspondiente a 2022-2023 y el artículo 7.5.a del II Plan de Gestión en el que se apoyaba. Posteriormente, el Principado modificó el plan mediante el Decreto 48/2026 y aprobó el nuevo Programa de Actuaciones de Control del Lobo 2026-2027.

La nueva resolución fue publicada en el BOPA el 2 de septiembre y contempla un máximo de 67 extracciones. La cifra se establece sobre una población mínima estimada de 412 ejemplares y se distribuye entre las distintas zonas de gestión: siete en la zona noroccidental, ocho en El Palo-Esva, cuatro en la suroccidental, ocho en la centroccidental, ocho en la central, nueve en la centro-oriental y cinco en el área de Picos de Europa situada fuera del parque nacional. A ello se suman hasta 18 ejemplares en las zonas sin gestión específica, donde la propia resolución contempla que la cifra pueda incrementarse en determinadas circunstancias.

El Principado justifica el programa en la evolución de los daños registrados y en los datos de población de la especie. Según la resolución, Asturias cuenta con al menos 50 manadas confirmadas. El Gobierno regional señaló en agosto que durante 2025 los ataques afectaron a 3.893 reses y generaron indemnizaciones por unos 1,9 millones de euros.

La solicitud de medidas cautelares se plantea, por tanto, antes de que se resuelva el recurso contencioso-administrativo sobre el fondo del asunto. La cuestión inmediata que debe resolver el TSJA es si procede suspender provisionalmente la aplicación del programa mientras continúa la tramitación judicial. En este tipo de procedimientos, el tribunal debe ponderar los intereses afectados y valorar si la ejecución del acto administrativo puede hacer perder al recurso su finalidad, así como las posibles consecuencias de la medida sobre otros intereses.

COAG Asturias sostiene que su incorporación al procedimiento permitirá trasladar al tribunal la posición del sector ganadero y las consecuencias que, a su juicio, tendría una eventual suspensión de los controles. La organización considera que las medidas preventivas —como los mastines o los cerramientos electrificados— ya forman parte de las prácticas utilizadas por las explotaciones y sostiene que no permiten evitar todos los daños.

Los servicios jurídicos de COAG preparan ahora sus alegaciones dentro del plazo concedido por el TSJA. La organización pretende defender ante la Sala la continuidad del programa de control aprobado por el Principado y argumentar que la decisión judicial debe tener en cuenta también los efectos que una eventual suspensión tendría sobre las explotaciones ganaderas afectadas por los ataques.