REPORTAJE SOBRE LA FRONTERA TERRITORIAL QUE MARCA EL FINAL DE LEÓN POR CABRILLANES Y EL PRINCIPIO DE ASTURIAS POR SOMIEDO
Redacción/ Grau
El conflicto por los límites entre Somiedo y Cabrillanes llegó este martes al Pleno de las Cortes de Castilla y León. El procurador de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Luis Mariano Santos, preguntó al Gobierno autonómico si tiene previsto ayudar al Ayuntamiento de Cabrillanes en el litigio judicial que mantiene con el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Somiedo. La pregunta había sido registrada formalmente el pasado 17 de septiembre y publicada en el Boletín Oficial de las Cortes.
El consejero de la Presidencia de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, aseguró que la Junta «ha defendido, defiende y seguirá defendiendo» a su territorio y a los municipios de la comunidad. En su segunda intervención precisó que los Servicios Jurídicos de la Junta se personaron en el procedimiento promovido por Asturias y Somiedo ante la Audiencia Nacional y que el Gobierno autonómico ha apoyado «intensamente» a Cabrillanes al entender que existe un interés común en la defensa del límite autonómico, provincial y municipal.
El consejero recordó que la sentencia de la Audiencia Nacional fue favorable a los intereses de Castilla y León y supone que 674 hectáreas pasan a pertenecer al Ayuntamiento de Cabrillanes. La resolución, sin embargo, ha sido recurrida por el Principado y Somiedo y será ahora el Tribunal Supremo el que determine el futuro del deslinde. El Gobierno asturiano informó en marzo de que la Audiencia Nacional había admitido el escrito que permite continuar la tramitación del recurso ante el alto tribunal.
Durante el debate, Santos reclamó a la Junta una mayor implicación en la defensa de los intereses de Cabrillanes y recordó que el conflicto se prolonga desde hace 26 años. El procurador cuestionó qué actuaciones se habían realizado para recuperar un monte público cuya titularidad es objeto de disputa desde 1992. González Gago respondió que la reclamación debía dirigirse también a la Diputación de León, al considerar que el litigio afecta igualmente al límite provincial.
El conflicto tiene su origen en la resolución adoptada en 2019 por el entonces Ministerio de Política Territorial, que fijó el deslinde en favor de Cabrillanes. La Audiencia Nacional respaldó posteriormente esa decisión. Frente a ella, el Principado y el Ayuntamiento de Somiedo han planteado el recurso que deberá resolver el Tribunal Supremo. El Gobierno asturiano cifra en 674 hectáreas de pastos comunales el espacio afectado por el litigio.
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